Guadalajara, Jalisco.

En la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Jalisco, actualmente en etapa de consulta, se incluirá la atención y protección para mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad y un punto central es definir que sea la Procuraduría Social, el organismo público que representará a un adulto mayor cuando enfrente una situación de abuso, abandono o problemas legales. 

La diputada de MC, Priscilla Franco, autora de la iniciativa junto con la legisladora Celenia Contreras, explicó que la Procuraduría Social asumirá la responsabilidad de velar por los derechos de los integrantes de la tercera edad en Jalisco

“Lo que necesitamos es que sea la Procuraduría Social la que de manera oficiosa también pueda estar en todo el estado de Jalisco, velando y garantizando el derecho de las personas adultas mayores. La propia Procuraduría nos ha mencionado que tienen vacíos legales. Cuando una persona adulta mayor no tiene familiares directos o alguien quien se responsabilice sobre ellos, no se les puede denunciar por este abandono y entonces, en ese momento, pueda entrar una institución pública”, explicó.

En el Congreso del Estado se realizó una mesa de consulta con especialistas de la Procuraduría Social, los sistemas DIF, la Secretaría de Salud, así como colectivos y organizaciones que agrupan a los adultos mayores.

José Manuel Venegas, representante de la Procuraduría Social, precisó que debe quedar muy claro quién será el primer respondiente, ante un caso de atención urgente.

“Sin embargo, vemos que todavía nos falta ver cómo vamos a operar realmente cuando tengamos una contingencia, es decir, cuando una persona adulta mayor que se encuentra en abandono ¿quién va a ser el primer respondiente y quién va a llegar ahí a decir cómo van a operar, si va a llegar Secretaría de Salud, si va a llegar una trabajadora social?”, subrayó.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene más de diez años que no se actualiza y la legisladora Priscilla Franco, señaló que la pensión económica que otorga el gobierno federal es muy útil, pero las personas mayores de 60 años requieren otros apoyos en salud, educación y recreación, así como atención preferente en servicios públicos.

“Necesitamos generar que haya un cambio en la política pública y que verdaderamente les podamos dar calidad de vida y dignidad a las personas adultas mayores, por parte de las instituciones estatales y municipales, accesos preferenciales, que puedan tener ellos atención preferente en cada una de las dependencias y en cada uno de los trámites”, indicó.

La iniciativa para actualizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue presentada en diciembre pasado y tiene seis meses en proceso de consulta para mejorarla.