Académicos y organismos no gubernamentales se pronuncia urgentemente preocupados, por la aprobación de la Ley General de Aguas primero en Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, junto a la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo, porque este martes se discutirá en el pleno y muy probable aprobarse por la mayoría. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA, la Alianza Mexicana contra el Fracking y un grupo de académicos de la UNAM, dieron a conocer el análisis alarmante porque los legisladores hicieron lo contrario a lo concebido por el derecho humano al agua.

Los estándares internacionales que México reconoce, no se tomaron en cuenta para la redacción de la Ley General de Agua. La Suprema Corte de Justicia define como mínimo, 50 litros de agua por persona al día pero en el artículo 49 de la ley aprobada por los diputados en comisiones, se constriñe el derecho humano al agua sólo para asentamientos legalmente constituidos lo que se traduce en discriminación y perpetua el rezago como la pobreza en que continúan grandes cantidades de personas en las principales ciudades del país.

Silvia Emanuelli también integrante de la Coalición Mexicana de Organizaciones por el derecho al agua asegura que se tergiversa la definición de asequible por mercantil en la Ley General del Agua por los diputados.

Lo que pretenden los legisladores aprobando esta ley general de aguas, es privatizar la administración de la misma concibiendo la prestación de servicios para trasvase y construcción de obra pública sin considerar el saneamiento de aguas que dictan los estándares internacionales.

Integrantes de la Alianza mexicana contra el fracking informan que el modelo de exploración y extracción de gas que se aprobó con la reforma energética el año pasado, usa 29 millones de litros de agua para cada pozo de las cuales no se les obliga a las empresas a sanearla y como ya ha quedado evidenciado en casos de minería, las cuencas y ríos resultan altamente contaminados con metales pesados. Tal situación no se evitará, dicen, con las multas contempladas de 3.5 millones de pesos porque en el caso del Grupo México que contaminó el río Sonora, se concedió un préstamo del gobierno estatal para la multa y no se clausuró las labores de la empresa.

Alesia Cataluña del posgrado Ciencias de la Tierra de la UNAM, expresó la posición de la academia alrededor de la ley aprobada por los legisladores.

Una de las alarmas entre el gremio experto en el tema es que el artículo 10 fracción 49 de la iniciativa aprobada define el “uso industrial” sobre las cuencas de México administradas por CONAGUA que han sido concesionados derechos de explotación al grupo Higa, Carso, FCC de España y Abengoa con millonarios presupuestos subsidiados por los gobiernos locales y la federación. Precisamente se pone en critica de la Comisión Nacional del Agua que no reconoce que los acuíferos sobreexplotados se encuentran dónde está asentada la industria automotriz, farmaceútica y agrícola de firmas trasnacionales.

Las organizaciones que este martes se manifestarán afuera de San Lázaro para rechazar la votación de los diputados, sostienen que han recabado cinco mil firmas en contra de la ley entre ciudadanos afectados, científicos y académicos.

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