Una investigación foránea e independiente sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México desmintió este domingo la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero, en un caso que despierta la indignación internacional y pone en entredicho al gobierno.

“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que se debe continuar buscando a los estudiantes, indica el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llegó a México hace seis meses.

En sus cerca de 500 páginas, el informe de la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales que presenciaron los ataques y pone sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la fiscalía: un autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.

Estos cabos sueltos ponen en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz de este crimen que sigue despertando la indignación de las organizaciones de defensa de derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, quedó “al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables”.

El presidente mexicano reaccionó en Twitter asegurando que instó a las autoridades a que “tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI” y se analicen sus recomendaciones.

Alegando detentar una “verdad histórica”, la fiscalía mexicana concluyó el año pasado que la noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por policías locales coludidos con criminales en la cercana ciudad de Iguala, cuando los jóvenes tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas.

Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su beligerante ideología de izquierda- a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival. 

Siempre según la fiscalía, los cadáveres fueron incinerados durante al menos 14 horas en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.

Fuego imposible

En el basurero de Cocula “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, concluyó José Torero, un reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente.

No se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera disponible, explica.

Para incinerar 43 cuerpos se requerirían 30.100 kilogramos de madera o 13.330 kilogramos de neumáticos como combustible y el tiempo necesario para consumir los cadáveres sería de 60 horas, escribe Torero.

Los desesperados padres de los estudiantes han encabezado multitudinarias marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos siguen vivos.

Un laboratorio de Austria analizó restos humanos calcinados encontrados en la zona, pero sólo ha podido identificar el hueso de un estudiante encontrado en una bolsa en el río cerca del basurero.

La fiscal general, Arely Gómez, anunció que realizará un nuevo peritaje sobre la presunta incineración en Cocula.

Por otro lado, el informe independiente sugiere que la policía estatal, federal y el ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques.

Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que “en algún caso probablemente precipitó la muerte”, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para entrevistar a militares.

Esto fue “un crimen de Estado y el Estado tiene que pagar las consecuencias de sus mentiras, de sus errores”, dijo en otra conferencia tras conocerse el informe Felipe de la Cruz, vocero de los padres, quienes pidieron que Peña Nieto les “dé la cara” en una reunión.

El GIEI emitió varias recomendaciones a la fiscalía general para resolver este crimen. Una de ellas es investigar denuncias por “tortura” contra varios de los más de cien detenidos.

El misterio del quinto autobús

La fiscalía sólo consideró en su investigación cuatro de los cinco autobuses tomados por los estudiantes y “no se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión”, lamentó el GIEI.

Los expertos explicaron que ese autobús “fue el único que no fue atacado” y que la declaración de su chófer, recabada recién en junio pasado, “señala una versión de la historia que no coincide en absoluto” con la de los sobrevivientes.

La agreste zona de Iguala es epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y los cárteles suelen transportar la droga escondida en autobuses.

Así, los investigadores independientes sospechan que las inconsistencias y contradicciones que rodean a ese quinto autobús “esconden aspectos importantes a considerar que pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión”.

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