Algunos familiares de los 42 presuntos delincuentes que murieron en un sangriento operativo antidrogas en Michoacán, oeste de México, ponían en duda este domingo la versión oficial sobre los hechos y acusaban a las autoridades de haber cometido una “masacre”.

“Eso no fue un enfrentamiento, fue una masacre”, dijo a la AFP Víctor Hugo Reynoso, hermano de Luis Alberto, uno de los 42 civiles abatidos el viernes en un operativo de las fuerzas federales en un rancho de Tanhuato, fronterizo con el estado de Jalisco, en el que también murió un policía federal.

Esperando junto a otros 70 familiares a que le entregaran el cuerpo de su hermano frente a los Servicios Médico-Forenses de Morelia, capital de Michoacán, Reynoso sostuvo su argumento basándose en las supuestas fotos del operativo que publicaron los principales periódicos mexicanos, en las que se ven cuerpos “destrozados, calcinados”, algunos sin camisetas ni zapatos y al lado de armas largas, señaló.

El sangriento operativo, uno de los más mortíferos desde que México le declaró la guerra a los cárteles en 2006, estaba dirigido contra el pujante cártel Jalisco Nueva Generación, al que se atribuyen los últimos brotes de violencia en la región y aparatosos ataques armados contra fuerzas federales.

Erika Eunice Hurtado, hermana de otro de los abatidos, asegura que cuando estaba dando su declaración para solicitar el cuerpo de su hermano, “agentes de la policía federal a espaldas mía se estaban burlando, estaban diciendo que los agarraron como pajaritos en su nido”.

Para esta chica procedente, como muchos de los fallecidos, de Ocotlán, un pueblo de Jalisco, las armas que aparecen en las fotografías difundidas en la prensa “están sembradas” (puestas posteriormente de forma falsa).

Erika reconoció a su hermano en una foto de un noticiero en la que se ve que “nadie traía zapatos, él tampoco. Muchos estaban en pura ropa interior, hay muchos indicios de que a todos los habrían agarrado así, en una una masacre”, manifestó a la AFP.

El Comisionado Nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo el viernes que las numerosas bajas en el bando de los presuntos narcos se debió al buen entrenamiento y equipamiento de las fuerzas federales, pero el desigual balance de muertos entre bandos generó dudas entre analistas de seguridad.

El exagente de inteligencia Alejandro Hope dijo que el gobierno debe demostrar que no se trata de otro caso de ejecuciones extrajudiciales como el de Tlatlaya, presentado hace un año por el Ejército inicialmente como un enfrentamiento en el que hubo 22 presuntos secuestradores muertos y ninguna baja militar, pero del que se acabó sabiendo que la mayoría de los delincuentes fueron ejecutados tras haberse rendido.

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