De la amplia lista de casos sin acceso a la justicia en México sobre violaciones a los derechos humanos, hay uno que entrelaza a Honduras con México y sigue en el limbo: el asesinato de la activista Berta Cáceres y la retención ilegal de Gustavo Castro, activista mexicano, por parte del poder judicial de Honduras.

El episodio reveló la nula capacidad diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para defender a un connacional en riesgo. El defensor de derechos humanos informó a través de su abogado Eric Abora que sí denunció penalmente el intento de homicidio en su contra.

Las inconformidades en la familia de Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se acumulan. Por lo que solicitaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cree una comisión independiente al gobierno hondureño para la investigación judicial que pueda apegarse a protocolos y pruebas científicas, expuso Berta Zúñiga durante la rueda de prensa organizada por Amnistía Internacional (AI).

El gobierno hondureño tenía una orden internacional de proteger la vida e integridad física de Berta Cáceres sobreviviente de atentados y agresiones por organizar a las comunidades afectadas contra la empresa DESA constructora de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Al asesinarla, el reclamo se inclina a investigar la relación de militares y autoridades hondureñas con los sicarios ya inculpados.

Gustavo Castro un poco recuperado de salud física y emocional, se mantiene en colaboración con el caso.

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