Berlín.

El Gobierno alemán aprobó hoy un proyecto de ley para acelerar las expulsiones del país de los extranjeros llegados de forma irregular, informaron fuentes del Ejecutivo.

El plan, impulsado por la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, recibió luz verde del gabinete.

Entre otras cosas, el proyecto de ley prevé la ampliación de la duración máxima de la detención a la espera de deportación, de los actuales 10 días a 28 días.

Además, también amplía los poderes de las autoridades y endurece las medidas contra los traficantes de personas.

Con la ley, que aún debe ser aprobada por el Bundestag (Parlamento), el Gobierno federal quiere reducir el número de deportaciones que no llegan a concretarse de forma imprevista en el último momento.

El proyecto prevé entre otros que las autoridades puedan entrar en las habitaciones de terceros en alojamientos colectivos para buscar a personas con orden de deportación. Además, las expulsiones ya no tendrán que anunciarse en determinadas circunstancias.

También será más sencillo expulsar a los miembros de organizaciones delictivas y se registrarán las viviendas en busca de soportes de datos y documentos para aclarar la identidad y nacionalidad de las personas afectadas.

Para aliviar la carga de trabajo de las autoridades, se autorizará la residencia en Alemania durante el procedimiento de asilo durante seis meses en lugar de los tres meses actuales. También se permitirá permanecer durante periodos más largos a determinados grupos de extranjeros.

Entre enero y junio de este año hubo un total de 7.861 expulsiones de Alemania, frente a 6.198 en el mismo periodo de 2022, según la información facilitada por el Gobierno federal.

El total de personas sobre las que pende una orden de deportación ascendía sin embargo hasta el 30 de junio a 279.098, aunque la mayoría de ellas (224.768) sigue sin ser expulsada por diversos motivos, como una enfermedad o falta de documentación.

El proyecto de ley de Faeser pretende una aplicación más coherente de las deportaciones por parte alemana, pero suele haber falta de voluntad de cooperación en los países de origen.

Tanto la oposición conservadora de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU) como las asociaciones de refugiados criticaron los planes, aunque por motivos diferentes.

Alexander Throm, portavoz de política interior del grupo parlamentario CDU/CSU, celebró la reducción de las trabas a las expulsiones, pero señaló que "es crucial frenar la afluencia desenfrenada de migración de asilo".

Por su parte, Wiebke Judith, de la ONG alemana de asistencia a refugiados Pro Asyl, criticó al Gobierno por sacrificar los derechos de los afectados ante el "discurso populista de derechas".

"Unas normas de deportación más estrictas difícilmente llevarán a deportar a un número significativamente mayor de personas", consideró.

Las críticas también llegaron desde las propias filas de la coalición del gobierno, formada por socialdemócratas, verdes y liberales.

Jamila Schäfer, del grupo parlamentario de Los Verdes, declaró al portal de noticias "t-online": "No debemos pretender que la solución a la cuestión de la política migratoria radique principalmente en las deportaciones, porque la mayoría de las personas no pueden ser deportadas porque proceden de zonas de guerra como Ucrania, Siria o Afganistán".

La CDU propuso la semana pasada al canciller alemán, Olaf Scholz, formar un pequeño grupo negociador con representantes de la coalición de gobierno y de los conservadores para abordar la migración irregular.

• Scholz no respondió a esta idea en términos concretos, pero expresó su disposición a mantener nuevas conversaciones.