juicio en Costa Rica contra médicos
Fotografía: Medios
San José, Costa Rica.

Cuatro médicos costarricenses y un comerciante de origen griego fueron a juicio este lunes acusados de reclutar personas pobres para extraerles un riñón a cambio de dinero para trasplantes a extranjeros, principalmente israelíes.

El juicio comenzó en un tribunal penal de San José, donde los cinco imputados fueron presentados al panel de tres jueces y escucharon los cargos en su contra. El proceso está programado para concluir el 30 de noviembre, según un comunicado del Poder Judicial.

Los acusados son los médicos costarricenses de apellidos Mora Palma (nefrólogo, líder de la organización), Fonseca Guzmán (cirujano urólogo), Mauro Stamati (cirujano urólogo) y Monge Monge (vascular periférico).

Junto a ellos está acusado un comerciante griego de apellidos Katsigiannis Karkasi, señalado como responsable de captar a personas con necesidades económicas y ofrecerles alrededor de 3 millones a 10 millones de colones (6 mil a 20 mil dólares en su momento) a cambio del órgano.

La fiscalía y la policía judicial desbarataron la red en 2013 con la detención de los cinco involucrados, después de realizar 14 trasplantes de riñones, en su mayoría a israelíes y europeos.

Según la acusación, Mora Palma era el líder de la organización y se le acusa de utilizar instalaciones y laboratorios de un hospital público de San José, donde era jefe de nefrología, para realizar exámenes relacionados con los trasplantes.

Las operaciones de extracción de órganos se hacían en dos clínicas privadas de la capital costarricense, indicó la fiscalía, que tiene a 25 testigos de cargo para sustentar la acusación, incluida una expolicía que estaba acusada de colaborar con la red, pero aceptó declarar contra los imputados.

Ella fue reclutada como colaboradora de la red después de vender su riñón, de acuerdo con la fiscalía.

Los acusados se exponen a penas de 6 a 10 años de prisión por el delito de trata de personas, pero en el caso de los médicos podría a aumentar a entre 8 y 16 años porque la ley penal castiga como agravante el aprovechamiento de la profesión o cargo para delinquir.

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