Guadalajara, Jalisco.

Los servidores públicos tienen la puerta abierta para deshacerse de información. En los últimos 10 años y medio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto 210 carpetas de investigación relacionadas con el delito de sustracción, destrucción y ocultamiento de información por funcionarios públicos de los municipios de Jalisco; sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, el Consejo de la Judicatura de la entidad ha realizado cero sentencias.

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 04159718, el Consejo de la Judicatura de Jalisco indicó que no ha realizado ninguna sentencia por dicho delito que, según el Artículo 151° del Código Penal de Jalisco, amerita de uno a cuatro años de prisión.

Según informó la FGE en la respuesta a la solicitud de información 04159818, entre enero del 2007 y agosto del 2018, el municipio donde se perdió más información pública es Guadalajara. En la capital de Jalisco se han abierto 102 carpetas de investigación por el delito cometido en la custodia de documentos públicos, casi la mitad de las averiguaciones de todo el Estado.

En un lejano segundo lugar se encuentra Chapala, municipio en el que se han abierto 10 carpetas de investigación. Después se encuentran Tlajomulco y Tonalá con seis y cinco carpetas abiertas, respectivamente.

Durante los primeros siete meses del 2018, se abrió una carpeta de investigación en cinco municipios diferentes: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tamazula, Tequila y Tonalá.

En total han sido 58 municipios de Jalisco en los que ha habido denuncias desde enero del 2007.

¿Año de Hidalgo, en el que más desaparece información pública?

En su séptima sesión ordinaria del 2018, el 15 de agosto, la presidenta del pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), Cynthia Cantero Pacheco, señaló que en los años electorales y de cambio de administración, funcionarios públicos suelen eliminar información pública.

“Es importante tener en cuenta porque, en este momento, es un delito penal destruir información pública. Por lo tanto, la recomendación para los servidores públicos es abstenerse de sustraerla o de destruirla”, señaló.

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La presidenta del ITEI indicó que la información pública fundamental que debe de prevalecer, de administración en administración, incluye las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones de nuevos fraccionamientos y cambios de uso de suelo junto con las consultas realizadas con los colonos y la integración del expediente respectivo, entre otros documentos.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, del 2007 al 2018, en los años electorales –también conocidos como “años de Hidalgo”- se abrieron 27% de las carpetas de investigación. Sin embargo, en los años posteriores -2007, 2010, 2013 y 2016- se abrieron 46% de las 210 investigaciones registradas.

Que la sociedad denuncie la lentitud judicial: presidenta del ITEI

En entrevista para #44Lab, la presidenta del ITEI incitó a la ciudadanía de Jalisco a usar las herramientas de transparencia para denunciar la lentitud de los procesos judiciales, como en el caso de las cero sentencias por delitos cometidos en la custodia o guardia de documentos.

“La transparencia es una herramienta, para podernos dar cuenta como sociedad, cómo están actuando nuestras autoridades (…) Los investigadores que están llevando a cabo estos cuestionamientos a la autoridad judicial pudieran en un momento pedir el estado procesal de esas denuncias, o de esos procedimientos, judiciales que se están llevando para poder ver qué tanto avance tiene ya en la esfera del poder judicial y poder evidenciar el atraso o funcionamiento de esta institución”, dijo.

Cantero Pacheco anunció que en tres meses entrará en vigencia la Ley de Archivos General que establecerá sanciones de tres a 10 años a los funcionarios públicos que eliminen documentos bajo su custodia.

¿Considera que este incremento de penas por la manipulación de archivos evite que se siga realizando esa acción -sustracción, destrucción y ocultamiento-?

“Si lo va a hacer no de manera inmediata, pero va a ir generando una nueva cultura por parte de los funcionarios públicos para el manejo de la información documental. Por documentos públicos podemos entender también las videograbaciones, las fotografías, los audios. Todo lo que genere la institución pública en diferentes formatos, la información digital, es información pública, forma parte del patrimonio y sí lo va a evitar entre las sanciones sean más fuertes, lo va a ir evitando progresivamente.

Tenemos que apostarle a que, en un par de años, contemos con funcionarios públicos mucho más conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos, de que la información pública que están generando las autoridades no les pertenecen, no es propiedad individual, sino que nos pertenece a todos los ciudadanos y, como tal, es un bien común que debe ser cuidado, protegido, en los términos de las leyes”, señaló Cantero Pacheco.