Londres, Reino Unido.

Shell reclama 2,1 millones de dólares a Greenpeace ante la justicia británica después de que seis activistas subieran a  a un barco de la petrolera para denunciar la explotación de hidrocarburos, informaron este jueves la organización ecologista y la empresa.

Este juicio es una "intimidación", respondió Greenpeace en un comunicado, definiendo la denuncia como "una de las mayores amenazas jurídicas" a las que la ONG ha tenido que hacer frente "durante (sus) más de 50 años de historia".

Seis activistas de Greenpeace subieron dos veces, a finales de enero y principios de febrero, a un barco que navegaba por el océano Atlántico transportando una plataforma de Shell, destinada a ampliar un yacimiento de petróleo y gas en Escocia.

Los ecologistas permanecieron a bordo varios días.

"Shell y sus subcontratistas tienen derecho a recuperar los importantes costes relacionados con las peligrosas acciones de Greenpeace", afirmó la empresa en un comunicado.

La compañía explica que fueron necesarios gastos "importantes" para poner en marcha medidas cautelares destinadas a impedir que otros activistas siguieran abordando su barco y para garantizar la seguridad de los manifestantes y la tripulación.

Según los documentos procesales, Shell solicita al Tribunal Supremo de Londres una indemnización de 2,1 millones de dólares, principalmente por los costes que tuvo que enfrentar Fluor, subcontratista estadounidense responsable de la fabricación y entrega de la plataforma. Esta última empresa podría reclamar 6,5  millones de dólares adicionales.

Greenpeace mostró también su desacuerdo con una propuesta de Shell de reducir a 1,4 millones de dólares la suma reclamada si la organización se compromete "a no realizar nunca más protestas contra las infraestructuras (de Shell), en el mar o en los puertos, en cualquier parte del mundo", según el comunicado de la ONG.

"Nuestra intención ha sido distorsionada", declaró un portavoz de Shell, que añadió que "se trata simplemente de impedir acciones en el mar o en los puertos que puedan poner en peligro la vida de las personas".

"El derecho a protestar es fundamental y lo respetamos absolutamente. Pero debe hacerse de forma segura y legal", aseguró antes Shell en su comunicado.