Londres, Reino Unido

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, afirmó este jueves que deben implementarse medidas de protección para niños que sufren violencia doméstica, tras la condena la víspera de familiares por el asesinato de una menor.

"Se trata de asegurarse de que hay medidas de protección para los niños, particularmente para aquellos que son educados en casa. Así que ahí es donde creo que están las preguntas", afirmó Starmer.

El padre y la madrastra de Sara Sharif, una niña anglopakistaní de 10 años, fallecida en agosto de 2023, víctima de malos tratos, fueron declarados culpables de asesinato el miércoles por un tribunal de Reino Unido.

Sara fue sacada de la escuela en abril de 2023 y la violencia contra ella se intensificó en las semanas previas a su muerte.

El gobierno introducirá próximamente nuevas medidas, entre ellas la obligación de los gobiernos locales de crear equipos encargados de la protección de los menores.

Los padres tendrán que obtener permiso de las autoridades si desean educar en su hogar a un niño que ha sido objeto de un plan de protección.

Al mismo tiempo se creará un registro de niños educados en casa.

Al final del juicio, la comisionada del gobierno para la infancia, Rachel de Souza, consideró que el caso ilustra "las profundas deficiencias del sistema de protección de la infancia".

En el juicio de un caso que horrorizó a Reino Unido, un tribunal londinense declaró responsables del asesinato de la niña a su padre, Urfan Sharif, de 42 años, y a la pareja de éste, Beinash Batool, de 30.

Además, el tío de Sara, Faisal Malik, de 29 años, hermano del padre de la pequeña, fue declarado culpable de haber "causado o hecho posible su muerte".

• Las penas para los tres encausados se conocerán el próximo martes.

El juicio reveló que el cuerpo de Sara Sharif tenía 25 fracturas, que un médico sólo pudo explicar por golpes violentos y repetidos.

El cuerpo de la niña también mostraba 70 marcas de golpes o heridas.

El juicio puso de relieve el fracaso de los servicios sociales en el caso de la niña, cuya custodia fue arrebatada a su madre y entregada a su padre, que no detectaron la violencia que sufrió pese a avisos de su colegio.