Guadalajara, Jalisco.

El pueblo ya no seguirá pagando el salario de los guardaespaldas que traen los políticos.

Esto, gracias a una reforma aprobada en el pleno Congreso de Jalisco y que prohíbe que cualquier funcionario traiga policías municipales o elementos de Fiscalía para su protección personal.

El promotor de esta reforma, el diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López especificó que se trata de una reforma a la Ley de Austeridad.

Sin embargo, los pocos funcionarios que por sus funciones cotidianas sí se pongan en riesgo, podrán tener escoltas.

Pero esa decisión no se tomará a capricho, sino que se necesitará un dictamen técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública que determinará quienes los requieren y cuántos asignarle.

Además para evitar que los funcionarios manden a los escoltas a hacer mandados al supermercado o a llevar a los niños al colegio, como actualmente ocurre, se específica que quien use escoltas para otros fines ajenos a la seguridad, incurrirá en el delito de Abuso de Autoridad.

Y en la ley de ingresos se especifican los precios que pagará quién quiera disfrutar de un escolta para ya no mermar el erario.

También se crea el Servicio de Protección Estatal que estará encargada de certificar y empadronar a los escoltas públicos y privados.