Guadalajara, Jalisco.

Con un plantón frente al Congreso y otro afuera del palacio de Gobierno, activistas exigen reformas legislativas para que las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos sean vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento y en caso de no atenderlas, los funcionarios señalados se hagan acreedores a sanciones.

A decir del activista Enrique Lira, la falta de obligatoriedad en el cumplimiento de las recomendaciones tiene que ver con desproteger a los ciudadanos, quienes se quedan sin dientes ante abusos contra los derechos humanos.

"Dejó un artículo Carlos Salinas en la 102B en la federal para protegerse de los malos negocios que hacía que dice que no son vinculantes, pero ese artículo está violando el artículo primero de la Constitución que dice que deben sancionarse las violaciones de derechos humanos, entonces aunque el congreso de Jalisco solo tiene atribución en Jalisco lo que le estamos obligando y exigiendo es que ligue el artículo 10 fracción 2 de la constitución del estado de Jalisco al artículo primero de la constitución".

El activista junto con pobladores principalmente de Juanacatlán y El Salto, afectados por la contaminación del Río Santiago, mantienen desde hace varios meses plantones y protestas frente al Congreso y diversas dependencias del gobierno de Jalisco para exigir la descontaminación del cauce, pues a pesar de los programas anunciados, la mala calidad de vida, enfermedades y muertes relacionadas con la degradación ambiental continúan en la región.

Con esta reforma, el activista pretende que las nuevas recomendaciones de la Comisión sean cumplidas o de lo contrario haya sanciones, pues la principal violación a las garantías individuales que recibe el organismo está relacionado con la privación a un medio ambiente sano.