Guadalajara, Jalisco. 

Este viernes el colectivo Las Paritaristas presentó una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado en contra del alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, y su director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, por el hostigamiento sexual en que ambos incurrieron en contra de Diana, una empleada del ayuntamiento, quien ya había denunciado constante acoso por parte de Martínez.

Durante la entrega de la solicitud en el Congreso que deberá procesar la Comisión de Responsabilidades, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mara Robles Villaseñor, se apersonó para respaldar el trámite, y aunque hay juicios políticos atorados desde el 2016 en el Legislativo, mientras otros más recientes se desechan o archivan, la diputada aseguró que debido a la voluntad política que hay para sancionar este caso aunado a la presión social, el proceso podría resultar en la inhabilitación de ambos funcionarios antes de que los legisladores pidan licencia y se vayan a elecciones, es decir, en el transcurso de un mes.

"La banalización de la agresión que ha pretendido hacer al decir que no era para tanto que era una platica amena, es muestra de la impunidad que campea de autoridades que consideran que sus agresiones pueden ser minimizadas. Me parece que si el Congreso del estado cumple la labor histórica de llamar a juicio político a un alcalde por hostigamiento sexual va a sentar un precedente a nivel nacional".

"Los diputados de esta legislatura, independientemente de licencias o no, tenemos que dar por concluido este caso antes de que entren las solicitudes de licencia, no vamos a permitir de que con el pretexto de que entran los suplentes van a estudiar el caso, de ninguna manera", agregó la diputada.

Quién presentó y firmó la solicitud de juicio político fue Denisse de Font-Réaulx del colectivo feminista Las Paritaristas, quien reprobó las expresiones misóginas que utilizó el presidente de Tototlán para disuadir a Diana de proceder administrativamente en contra de Efraín Martínez tras hostigarla sexualmente.

La activista exigió celeridad en el caso para inhabilitar a ambos funcionarios, quienes aún permanecen en sus cargos a pesar de que el propio gobernador Enrique Alfaro reprobó que agresores de mujeres dirijan el gobierno de Tototlán.

"Nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias porque no queremos que continúe la violencia de género, este es un ejemplo claro de cómo se ha ejercido la violencia en distintas instancias gubernamentales también sucede en la iniciativa privada pero queremos llegar hasta la destitución y procesamiento del alcalde. Tenemos que pedir la celeridad dentro del órgano interno del Congreso para que esto avance con la mayor prontitud posible".

Hasta la fecha, no hay antecedente en en el Congreso de que un funcionario público haya sido inhabilitado tras un juicio político, de manera que si este caso deriva en la destitución de los funcionarios acusados de Tototlán, sería el primer precedente en Jalisco.