Guadalajara, Jalisco.

Antes de cerrar cualquier trato para que el Gobierno de Jalisco le venda los 650 departamentos de la Villa Panamericana en El Bajío, a la empresa Green Life Capital, la cual pagará $1,500 millones a los institutos de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), se tiene que acreditar que el uso habitacional no afectará el medio ambiente y que existe la infraestructura hidrosanitaria mínima para su operación, advirtió Antonio Rocha Santos, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), experto en el tema de derecho urbano y ambiental.

Por ello, el especialista pidió que el Gobierno de Jalisco no apresure la firma del contrato para la compra-venta, prevista para el próximo viernes 30 de agosto.

“Desde su origen las villas panamericanas se aprobaron con muchas irregularidades. No existía, ni existe la infraestructura necesaria para el uso para el que fue programado. Ahora que quieren darle uso habitacional, yo creo que antes de que se firme cualquier contrato, se tiene que analizar el impacto que va a causar al medio ambiente, las afectaciones que se pueden dar a la infraestructura. Si la infraestructura es suficiente o si hay que hacer algunas modificaciones”, advirtió.

El Bajío, lugar donde se construyó la Villa Panamericana, es un sitio de recarga de acuíferos y por ello, no puede autorizarse el uso habitacional de alta densidad, aseguró Rocha Santos.

“Es una zona de recarga de los mantos acuíferos, entonces, cualquier afectación que se vaya a hacer, hay que buscar mecanismos, pero antes de que se vaya a utilizar para vivienda, creo que el gobierno y los adquirientes deben hacer un análisis técnico”, finalizó.