Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, solicitó al Estado mexicano que ofrezca información sobre las acciones para garantizar la salud de los pobladores de los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como el saneamiento del río Santiago.

La solicitud se deriva de una petición hecha por habitantes de ambos municipios y el equipo jurídico del Instituto de Derecho Ambiental AC, con el respaldo de especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El caso es “vinculante” para el gobierno federal, a quien se le pide que se detenga el levantamiento de la veda al río Santiago, decretada en la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto y que por lo tanto, no se autorices nuevas concesiones de uso de agua o permisos para arrojar desechos industriales.

“A nosotros nos parece que debe haber un plan de saneamiento que es la propuesta que se hace de manera coordinada con todos los peticionarios y también que evalúe algo muy importante: la capacidad de carga del río Santiago. ¿Cuánto más puede soportar el río Santiago?, por qué en esta parte del río, el río ya no tiene vida, es un río muerto”, expuso.

Por su parte, Enrique Lira Coronado, representante de los enfermos renales de la cuenca Lerma-Chapala, -quien suscribió el escrito enviado a la CIDH- señaló que la calidad de vida en las márgenes del río Santiago, cada vez se deteriora más.

“Ha empeorado el nivel de vida en El Salto, como lo atestiguó la doctora Raquel en la ribera de Poncitlán y en La Barca misma que es donde entra el río Lerma. Ahí las mamás han tenido que comprar agua para regar las plantas, porque con el agua de la llave se les entristece. Imagínense que agua tenemos ahorita”, explicó.

La abogada Raquel Gutiérrez quiere que el gobierno federal asuma su responsabilidad, pues es a esa instancia a la que le toca realizar inspecciones de las descargas de las empresas en los ríos y arroyos.

“El gobierno federal tiene la rectoría sobre las aguas nacionales de México. Las plantas de tratamiento por sí solas no son suficientes, ni eficaces para limpiar residuos que no sean domésticos y todos los contaminantes que van por la vía de la Cuenca del Ahogado son metales pesados, tóxicos, fenoles, etcétera, que ni siquiera están previstos en la norma”, señaló.

La CIDH le dio un plazo de 20 días hábiles al gobierno mexicano para que responda y presente un plan de saneamiento del río Santiago. El equipo de especialistas pide también que se actualice la norma ambiental 001 en materia de descargas a los cuerpos de agua, para incluir a los metales pesados, como sustancias prohibidas que se arrojan a los ríos.

El río Santiago tiene 79 metales pesados en su lecho.