Ciudad de México, México.

Enrique Peña Nieto, emplazó hoy a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, a regular el papel de las Fuerzas Armadas en materia se seguridad pública tras el varapalo de la Suprema Corte que tumbó su polémica Ley de Seguridad Interior.

"Estamos ante un vacío legal que debe ser subsanado", aseveró el mandatario sobre el fallo del alto tribunal, durante la ceremonia de condecoración a militares con motivo del 108 aniversario de la Revolución mexicana.

Peña Nieto afirmó que "corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno dar la certeza jurídica necesaria para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior".

La Suprema Corte de Justicia declaró el pasado jueves inconstitucional la Ley de Seguridad Interior promulgada por Peña Nieto en diciembre del año pasado, que formalizaba la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La norma generó una gran controversia social, dado que organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y familiares de víctimas de la delincuencia la criticaron por perpetuar la presencia de los militares en las calles, donde patrullan desde 2006 para combatir al crimen organizado.

Peña Nieto defendió hoy la norma esgrimiendo la "debilidad de las policías locales", y señaló que no regular el papel del Ejército y la Marina en materia de seguridad pública "habría supuesto abandonar a su suerte a la población afectada" por la violencia.

El mismo día en que el alto tribunal se pronunció contra la norma, López Obrador provocó el rechazo de las organizaciones civiles al anunciar un plan de seguridad que incluye la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas.

Para las organizaciones civiles, la iniciativa del líder izquierdista, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, supone continuar con el mismo objetivo que tenía la Ley de Seguridad Interior al mantener en las calles a las Fuerzas Armadas, acusadas de cometer violaciones contra los derechos humanos.

La situación de violencia no hace más que agravarse en el país latinoamericano. El año pasado se registraron 25 mil 339 homicidios dolosos, lo que supone la cifra más alta en dos décadas.

Además, durante los primeros nueve meses de 2018 los asesinatos aumentaron un 18% respecto al mismo periodo de 2017, y los pronósticos indican que se podría alcanzar un nuevo récord de homicidios al finalizar el año.