Guadalajara, Jalisco.

Integrantes del observatorio ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, acusaron que el presupuesto para el sistema Estatal Anticorrupción es insuficiente y alrededor de 100 millones de pesos en los últimos tres años se ejercieron sin criterios claros y entre sospechas de opacidad.

Paul Alcántar, afirmó que existen serias dudas en el ejercicio financiero para estos temas. Según datos obtenidos por solicitudes de información, en 2016, solo se ejercieron 848 mil pesos de 30 millones presupuestados, y en 2017, solo 10 millones de otra bolsa total de 30 millones.

"Aquí la duda general es donde están los productos entregables de las consultorías, el software, y el resultado de pago de honorarios. Según esta información de los 30 millones de pesos en 2016 y 2017 solo se gastaron once millones de pesos. ¿dónde están los recursos restantes?" cuestionó Alcántar.

E incluso, de los 40 millones de pesos presupuestados en 2018, sólo han gastado un diez por ciento, y se ha ido en nómina y la renta del edificio de la Fiscalía, apuntó Cecilia Díaz Romo, del mismo observatorio.

"Exhortamos a las autoridades responsables a dejar de lado LOS intereses meramente políticos y concentrarse en responder, corregir las situaciones expuestas en este informe Se requieren hechos y no discursos y por ello exhortamos a la Secretaría General de gobierno, la Contraloría y la SEPAF, a dar explicación puntual del destino de recursos presupuestados para el 2016 y 1017 para el sistema estatal anticorrupción", acusó.

A todo esto se suma que la Fiscalía Anticorrupción está ahogada en denuncias contra delitos que no tienen que ver con la materia.

Solo el 14 por ciento de las carpetas de investigación son por peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito. El resto, por abuso de autoridad, delito que no tiene que ver directamente con la corrupción.

Por eso exigen reformas al Código penal para despresurizar a la Fiscalía Anticorrupción.

Explicaron que los entes que integran el sistema trabajan desvinculados y no hay coordinación y se requieren reformas legales, además de que se elaboren protocolos de colaboración, ejes programáticos y las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se abran al público, entre otras adecuaciones.