Guadalajara, Jalisco.

La Fiscalía Estatal debe entregar información relativa a la cifra de personas desaparecidas en los municipios de Tecalitlán, Autlán de Navarro y Encarnación de Díaz, en el periodo de enero y febrero de 2018.

Así lo determinó el pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), durante la 28ª (Vigésimo Octava) sesión ordinaria.

El comisionado ciudadano del Itei, Salvador Romero Espinosa, explicó que la información relativa a personas desaparecidas, debe ser público, al tratarse de un delito de lesa humanidad, esto es, que significa una violación grave a los derechos humanos, siempre y cuando no se den a conocer detalles de las investigaciones específicas que realice la Fiscalía de Jalisco.

“La forma en que se plantea la solicitud hace que la Fiscalía reserve mucho de los datos solicitados, considerando que de entregarse esos datos, se puede revelar información importante sobre el curso de las investigaciones que se están realizando. Lo que nosotros decidimos es que después de revisar la información que se solicita, es que sí hay forma de generar información estadística, producto de esas solicitudes, sin que ello ponga en riesgo la integridad de la averiguación previa”, indicó.

El comisionado del ITEI dijo que no se pueden dar a conocer el número de policías investigadores asignados a indagar el paradero de las personas desaparecidas en los tres municipios, pero sí debe informarse si intervinieron o no policías.

“Hay que recordar que el delito de desaparición forzada es el único delito que tanto la Ley General como nuestra Ley consideran un delito de lesa humanidad, por lo tanto, el ámbito de protección que tiene respecto de otros delitos, es mucho menor y es por eso que el Estado está obligado a entregar la mayor cantidad de información posible detrás de estos delitos, por lo mismo que constituye una violación de tracto sucesivo a una gran cantidad de derechos humanos de los desaparecidos”, afirmó.

La desaparición de personas afecta los derechos a la vida, a la personalidad y a la libertad.

La Fiscalía Estatal tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar la información requerida.