Ocotlán, Jalisco

Las demandas laborales que actualmente tiene pendientes el ayuntamiento de Ocotlán, podrían costar sólo en este 2022 tres millones de pesos del erario público, sobre todo dos demandas particulares que por sí solas, costarán dos millones de pesos, debido a que ya están requiriendo pagos en favor de los servidores públicos. El Director Jurídico del ayuntamiento de Ocotlán, Rubén Flores Castañeda, ahondó en estos casos particulares, que datan desde el 2007:

“El problema en específico en Ocotlán es que arrastramos dos laudos de la administración 2007-2009, por ejemplo uno es de un montó de 1 millón 390 mil pesos y el otro es de 1 millón 530 mil pesos, esos laudos son realmente muy cuantiosos y el detalle es que en el proceso de entrega recepción encontramos que ya hay requerimientos de pago”.

El motivo por el que estos laudos llegaron a sumas tan altas, explicó el jurídico, es que son de salarios caídos de 9 y 7 años respectivamente, situación que ya no se puede dar desde las reformas a la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Servidores Públicos de 2012, que topó a un año los salarios que debían compensarse. A esto se le suman multas y recargos por no llevar a cabo los pagos cuando se requirieron, siendo que estos juicios ya tienen una sentencia firme, lo que significa que también se agotaron los juicios de amparo.

Además de estos procesos, el ayuntamiento actualmente tiene 130 demandas, de las cuales siete se levantaron en la actual administración, encabezada por Josué Ávila Moreno, sin embargo, Flores Castañeda, reconoce que fue durante el primer mandato de Paulo Gabriel Hernández, en 2015-2018 y en la cual también colaboró como auxiliar jurídico, cuando más juicios se generaron:

“Yo creo que fue en la administración en la que más se generaron demandas laborales. Yo recuerdo que recibimos la administración con un total de 45 o 50 demandas, heredadas de las administraciones pasadas, y concluyó esa administración con más de 100 demandas”.

Estas demandas laborales obedecen principalmente a despidos injustificados, aunque también hay demandas para obtener plaza definitiva, así como para obtener una pensión ante el IPEJAL, siendo la mayoría elementos de bomberos provenientes de la administración 2012-2015, encabezada por Enrique Robledo.

Como dato extra, mediante una solicitud de transparencia, el ayuntamiento respondió que destinaría más de tres millones de pesos del presupuesto de egresos 2022 para este tema, específicamente la partida 339, dedicada a servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales y la 394, sentencias y resoluciones por autoridad competente, que sin embargo, aparece sin recursos.

Juan Carlos Salcido

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