Ocotlán, Jalisco

Tuve el honor de recibir la invitación del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), para participar en el XIV Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, cuya reflexión se enfocó en las Deudas, capacidades y voluntades del Estado, con énfasis en los componentes de justicia transicional (derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición). Enrique

El Foro SUJ de Derechos Humanos se celebra bianualmente con el propósito de convocar a una reflexión amplia y profunda sobre la situación de los derechos humanos en el país y proponer alternativas de solución desde el quehacer de las universidades. Este foro es un espacio amplio, diverso y de articulación en donde coincide la academia, la comunidad universitaria, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general.

La mesa de diálogo en que participé abordó el tema de las Fiscalías en México, avances, retos y retrocesos. Sin duda, resultó muy interesante la interlocución y las reflexiones en la mesa y en todo el Foro, que mostraron la desafortunada realidad en México y en el Estado respecto de la protección de los Derechos Humanos. A Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, le hubiese servido de mucho haber asistido al Foro, para que se enterara de una realidad distinta a la que él informa.

En su reciente tercer informe sobre el tema de seguridad, el gobernador prefirió el análisis estadístico mañoso que le permite cierto control de la realidad, como bien lo señala Francisco Macías: “El paradigma autoritario se genera cuando primero se informa como logro la reducción de los delitos en contra del patrimonio, que aunque muy dañosos, impulsa una idea muy individual de las afectaciones, además de que no se mostró evidencia en las acciones efectivas o buenas prácticas que motivaron la reducción. Pareciera que fuera algo meramente incidental”.

Si bien el gobernador se explayó en detallar la baja en los ilícitos patrimoniales (robo a vehículo particular, a negocio, a casa habitación, a persona, a cuentahabiente, entre otros), en lo relacionado con las mujeres guardó silencio respecto del incremento de la violencia de género y solo se limitó a señalar algunas cifras de feminicidios. Según los datos que presentó, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 hubo 53 casos. Sin embargo, de octubre de 2020 a septiembre de este año fueron 83.

Lo que no dijo Enrique, es que esos datos no reflejan la realidad del número total de asesinatos de mujeres. Tan solo en lo que va de este año 2021, han sido asesinadas 196 mujeres y solo el 20% han sido consignados como feminicidios, el resto se consignaron como homicidios o parricidios. Si bien admitió que la violencia de género y la familiar van al alza, no compartió números ni datos estadísticos al respecto. Tampoco dijo que el Centro de Justicia para las Mujeres recibe en promedio entre 200 y 300 mujeres diariamente, las que tienen un promedio de espera de 9 horas.

Tampoco informó que los delitos relacionados con la violencia de género en Jalisco, crecieron exponencialmente en los últimos tres años, es decir, en la actual administración.

Tampoco se dijo que las carpetas de investigación por violencia familiar aumentaron de siete mil 130 a nueve mil 510 en los últimos tres años, ni que las denuncias por violencia sexual, pasaron de 294 a 381 en el mismo periodo.

Tampoco dijo que la Alerta de Violencia de Género en Jalisco se encuentra paralizada, que no hay avances y que siguen proponiendo “mesas institucionales” que no terminan de aterrizar en ninguna política pública que prevenga, atienda, sancione y erradique la violencia contra las mujeres en el Estado.

El hecho de que los delitos vinculados con la violencia de género se mantengan al alza en la Entidad se debe a que las autoridades han dejado en segundo término la atención de este problema. Claro que importa que se roben un carro, es un tema sensible para la ciudadanía, pero también nos debe sensibilizar y afectar saber que una mujer ha sido golpeada, que está desaparecida o que ha sido asesinada.

Mientras el gobierno siga ocultando la realidad en torno al tema de seguridad, especialmente en el caso de las niñas y las mujeres; no habrá manera de garantizarles el derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo demás, es pura palabrería.

Por Guadalupe Ramos

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