Por Paúl Martínez Facio

La organización, la accesibilidad y el diseño de un espacio urbano, son elementos claves para promover la inclusión social. En el caso de los espacios públicos, son los gobiernos quienes tienen bajo su responsabilidad garantizar que estos sitios cumplan con las características necesarias.

En este sentido, deben implementarse políticas públicas que favorezcan la adaptación y el desarrollo de infraestructura incluyente. En el caso de la movilidad, el arquitecto Luis Octavio Martínez apunta lo siguiente:

«Se trata de ofrecer opciones adecuadas y optimas, que te den ganas de subirte al camión o a la bicicleta o al tren, y no solamente eso; sino hacer opciones incluyentes en las cuales, por ejemplo, una persona con discapacidad visual o auditiva o motriz, pueda usar el mismo transporte, casi bajo las mismas circunstancias que tú, obviamente adaptado con ciertas cuestiones».

Sin embargo, la implementación de este tipo de medidas ha sido pocas veces priorizada, y es sólo a fechas recientes que el tema comienza a colocarse en la agenda pública. Para el caso de Lagos de Moreno, existe apenas una iniciativa en espera de ser aprobada, para la implementación de un reglamento que formule de manera clara las tareas que en cada una de las dependencias municipales se tendrán que abordar.

Al respecto, habla Iván Ruíz Esparza Hermosillo, regidor que preside la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos en este municipio:

«La verdad es que era un tema que estaba siendo invisible, y no hay peor problema que aquel que no se detecta, y lo que nosotros estamos buscando hacer primero con esto, es poner el tema en la agenda, sacar el asunto de la invisibilidad. Ahorita cada área de la administración pública municipal tiene su programa operativo anual, y lo que nosotros estaríamos, ya con este reglamento entrando en vigor, estaríamos buscando que dentro de sus programas operativos anuales, ellos vayan reservando un espacio y un presupuesto para atender a este grupo».

Un paso que sin duda es importante, pero que está lejos de resolver de manera satisfactoria el problema, pues a la fecha ya existen reglamentos estatales y nacionales que debieran aplicarse en las acciones que llevan a cabo los municipios y que no obstante, a menudo son ignorados o sencillamente burlados por quienes están a cargo de la planeación y del desarrollo de la urbanización, sean de carácter público o privado.

Sobre las sanciones que a partir de la implementación de este reglamento municipal se podrían implementar, como medio de persuasión, Iván Ruiz Esparza menciona lo siguiente:

«La falta de observancia al reglamento puede acarrear dos tipos de sanciones, aquellas responsabilidades que se generan a los servidores públicos por la omisión al cumplimiento de estas disposiciones, que sería investigado por la Contraloría Municipal, ante cualquier queja de un ciudadano se investiga y si es procedente se determina la imposición de una sanción. Y en cuanto a al tema de la contravención de estas disposiciones por parte de un ciudadano, ahí entonces aplicarían las multas que establece el reglamento».

Aunque esta iniciativa es sin duda digna de aplaudirse, el reto más importante continúa siendo llevar de la letra impresa a la aplicación práctica las acciones necesarias, y si bien la sanción puede ser un elemento que coadyuve a que los desarrolladores y los encargados de la generación de obras y políticas de acción den prioridad a la construcción de espacios menos hostiles para todos, el tema central continúa siendo la toma de conciencia.

«La cuestión de sancionar sí es importante, porque siempre hay algo de anarquía en el sistema, pero más que sancionar y que reglamentar, creo yo más bien que es cuestión personal, y cuestión de ética incluso también. Pues estas personas que desarrollan fraccionamientos que construyen o que mandan hacer trabajos, pues se supone que todos tienen también cierta ética, entonces si sabes que estás haciendo las cosas mal, ¿qué te empuja a hacerla mal? muchas de las veces es la cuestión económica», opina en este sentido el arquitecto Luis Octavio Martínez.

Conseguir que los espacios urbanos puedan ser utilizados por todos los individuos de una sociedad, conlleva una tarea de cambio profundo en el pensamiento, tanto de los ciudadanos, al exigir el respeto de los derechos de todos, como de los desarrolladores y constructores de la obra pública y privada, para colocar nuevamente al ciudadano por encima de los intereses económicos.