Guadalajara, Jalisco.

La regidora con licencia del Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa, e integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia presentaron una denuncia ante la fiscalía especializada en materia de delitos electorales del Estado de jalisco y Federal en contra de Fabiola Loya, secretaria del Sistema de Asistencia Social; Alejandro Hermosillo; Sandra Goretti Mora entre otros por la entrega de cheques presuntamente para comprar el voto. 

La denuncia se realizó luego de que Salvador Caro evidenció mediante un video la entrega de los cheques y mostró evidencias de personas que acreditan la entrega de los cheques con cantidades de entre 4 y 5 mil pesos para supuestamente comprar el voto del próximo 2 de junio.

“El día de ayer el diputado Salvador Caro y una servidora recibimos una llamada anónima en donde nos informaron que en la Secretaría de Asistencia Social se habían congregado ciudadanas y ciudadanos de diferentes colonias de Guadalajara para entregarles unos cheques de apoyo":

"Los múltiples testimonios y evidencias señalan a varias servidores públicos naranjas del gobierno del estado por su presunta participación en una red de manipulación y compra de votos estas prácticas son violaciones de los principios de certeza, imparcialidad, ilegalidad que debe de guiar el comportamiento de las y los servidores públicos y candidatos en el marco electoral”

Candelario Ochoa indica que los recursos de la Secretaría de Asistencia Social están siendo utilizados para financiar una red de compra de votos desviando fondos que deberían ser destinados a los programas sociales. 

Por su parte el coordinador metropolitano de la campaña de Claudia Delgadillo, Salvador Caro, quien acudió a las oficinas donde se entregaron los cheques dijo que los apoyos que el gobierno del Estado entrega se destinan a zonas donde Movimiento Ciudadano no tiene las preferencias electorales. 

“La estructura del gobierno del estado en esas áreas está al servicio de la campaña de movimiento ciudadano el modus operandi es muy fácil porque los actores de compra de voto son los que hacen la operación política territorial y son las que hacen la operación donde a movimiento ciudadano le va mal y a partir de eso los contactan y les condicionan el voto a través de el dinero que se da en los recursos públicos”.

• Candelaria Ochoa indica que las violaciones cometidas por trabajadores del Gobierno de Jalisco ameritan prisión oficiosa de acuerdo a los artículos  7, 9 y 11 de la Ley Electoral y el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.