Le Pen denuncia golpe de Estado tras embargo de ayudas a su partido




París, Francia.

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, denunció este lunes un "golpe de Estado" de los jueces tras la incautación de dos millones de euros en ayudas públicas a su partido, Agrupación Nacional (AN).

La justicia acusa a Le Pen y otros miembros de su partido de utilizar fondos destinados a contratar a asistentes en el Parlamento Europeo para pagar a personal de la formación ultraderechista en Francia durante varios años a partir de 2009.

Si se les declara culpables, podrían verse obligados a devolver siete millones de euros.

Pero Le Pen asegura que el embargo de las ayudas antes de cualquier sentencia judicial es un "golpe de Estado judicial" que llevará a su partido a la quiebra antes de finales de agosto.

La líder de Agrupación Nacional, un partido conocido hasta hace poco como Frente Nacional, consideró que la decisión de los jueces era "una noticia aterradora" para Francia, cuya resonancia "iría más allá de las fronteras" del país.

Varios responsables políticos franceses defendieron a Le Pen este lunes.

"La lógica en un país democrático es procurar, a pesar de todo, que el embargo no amenace la propia existencia de un partido", opinó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en una entrevista para la radio francesa Europe 1.

“No he estudiado técnicamente el procedimiento, pero sus consecuencias me preocupan para el debate público”, reaccionó por su parte el diputado Guillaume Larrivé, del partido conservador Los Republicanos.

Agrupación Nacional creó un sitio web para recaudar fondos de sus seguidores.

El partido esperaba cobrar cerca de 4,5 millones de euros en ayudas públicas este año, una cantidad fijada en función de los resultados obtenidos por su partido en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que alcanzó el segundo lugar tras el movimiento del centrista Emmanuel Macron.

Esas ayudas públicas son comunes en los países europeos, que las consideran como una forma de garantizar una igualdad de condiciones entre partidos, al tiempo que limitan los riesgos de corrupción política o financiación ilegal.