La Paz, Bolivia.

Las familias de los fallecidos y heridos en la jornada más trágica del conflicto que sufre Bolivia esperan justicia y niegan que fueran obligados a participar en una marcha de cocaleros, que derivó en graves disturbios frente a policías y militares.

"Nosotros pedimos justicia", dijo este lunes a Efe una familiar de William Gutiérrez, internado en un hospital de la ciudad boliviana de Cochabamba tras recibir un balazo en el pecho.

LA VERSIÓN DE LOS COCALEROS

La bala le entró por el pecho y salió por la espalda, dejando "un agujero" en el pulmón, relató la joven, que no se identificó, al explicar lo que ocurrió el pasado viernes a las afueras de esta ciudad del centro de Bolivia.

Una marcha de cocaleros en apoyo de Evo Morales intentaba llegar a la ciudad cuando se encontró con un fuerte cordón de policías y militares, que emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos y se produjeron disparos.

Los disparos procedían de fuerzas del orden, según los manifestantes mientras que la versión oficial apunta a que algunos pudieron surgir de los propios cocaleros.

"Estaba con su sindicato", comentó la joven sobre la presencia de William Gutiérrez, de 25 años, entre las federaciones de productores de hoja de coca procedentes del trópico de Cochabamba que intentaban llegar a la ciudad en su apoyo a Morales.

Evo Morales nunca dejó su puesto de líder de estas federaciones durante sus casi catorce años en el poder en Bolivia, tras haber surgido como sindicalista en esta zona, el Chapare, desde la que se dio a conocer antes de asumir las riendas del país en 2006.

"Estaba junto con sus compañeros del sindicato pidiendo democracia, que se haga justicia", subrayó esta familiar en alusión a los cocaleros, que piden a su líder, Evo Morales, en condición de asilado en México que vuelva a Bolivia y no reconocen a la presidenta interina del país, Jeanine Áñez.

La joven recalcó que a los cocaleros "nadie les obligó, ni nada, él estaba por voluntad propia" en la marcha.

CRÍTICAS AL NUEVO GOBIERNO

Las denuncias de que los seguidores de Evo Morales están pagados para asistir en estas marchas de apoyo son recurrentes estos días en Bolivia, donde el Gobierno provisional de Áñez acusa a grupos subversivos de alimentar la violencia.

Los graves enfrentamientos del viernes en la carretera de Cochabamba a la vecina ciudad de Sacaba dejaron al menos nueve muertos, más de cien heridos, algunos aún hospitalizados de gravedad, y cerca de doscientos detenidos, según datos oficiales, en la jornada más trágica desde las elecciones del 20 de octubre.

Gutiérrez sigue en el Hospital Viedma de Cochabamba esperando una plaqueta para "para poner en lugar la clavícula", explicó la joven, de una familia de "escasos recursos".

Lo ocurrido el viernes está bajo investigación judicial entre una polémica por la actuación de las fuerzas del orden desde que asumió el Gobierno provisional, que tras estos disturbios aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.

UN POLÉMICO DECRETO

El decreto es muy criticado por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que en el país la Defensoría del Pueblo reclama a las fuerzas del orden que respeten la vida y el derecho a la protesta.

Los muertos desde las pasadas elecciones del 20 de octubre en Bolivia son al menos 23 y los heridos 715, según la Defensoría.

Al día siguiente de los comicios comenzaron los incidentes entre denuncias de fraude en los resultados que dieron vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo.

El pasado 10 de noviembre un informe de la Organización de Estados Americanos reveló "graves irregularidades" en las elecciones, tras lo que Evo Morales anunció su renuncia y al día siguiente salió del país rumbo a México, denunciando un golpe de Estado en su contra desde la oposición y la Policía, que se había amotinado contra él.

Los seguidores de Morales no reconocen a la presidenta interina, que asumió el poder de forma provisional el pasado martes con el objetivo de convocar nuevas elecciones.