Buenos Aires. 

La nueva oleada de Gobiernos de izquierda en América Latina ha alcanzado a las seis principales economías de la región, pero a pesar de su ideario progresista, en teoría más proclive a la equidad y la promoción de los derechos de la mujer, lo cierto es que sólo una quinta parte de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) está dirigida por mujeres.

Se trata de la hondureña Xiomara Castro, las caribeñas Sandra Mason (Barbados), Cecile La Grenade (Granada), Susan Dougan (San Vicente y Granadinas) y Paula-Mae Weekes (Trinidad y Tobago), y la peruana Dina Boluarte, quien ocupa el cargo en lugar de Pedro Castillo, quien fue cesado como presidente el pasado 7 de diciembre.

Solo seis jefas de Estado o de Gobierno en una región que ha girado hacia el progresismo: desde que Andrés Manuel López Obrador asumió en 2018 en México, Laurentino Cortizo y Alberto Fernández lo hicieron en 2019 en Panamá y Argentina, respectivamente; Luis Arce en Bolivia (2020) y Pedro Castillo en Perú (2021), mienyras que en 2022 lo hicieron Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile, Rodrigo Chaves en Costa Rica y Gustavo Petro en Colombia; y este año Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

"Las sociedades, los sistemas políticos y los cuerpos deliberantes han estado históricamente diseñados por y para los hombres", señala a EFE la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany.

"Aunque haya en la región gobiernos con un compromiso real por la igualdad de género que trabajan en este cambio de paradigma, los factores estructurales y culturales siguen estando ahí, y eso condiciona aún la forma en que gobernamos y nos imaginamos a quienes nos gobiernan", explica Alemany.

En los últimos 30 años, solo catorce mujeres han sido jefas de Estado o de Gobierno, según el último informe de la Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres (TFILM).

"Incluso en casos en los que una mujer ha llegado a la presidencia, podemos constatar que las estructuras y la cultura siguen siendo patriarcales y machistas; es decir, la agenda de la igualdad requiere de políticas públicas, además de romper con las barreras de la representación", agrega Alemany.

Lejos del objetivo de desarrollo sostenible

Los 33 países cuyos representantes se darán cita en Buenos Aires el próximo 24 de enero con motivo de la VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Celac están comprometidos, mediante varios acuerdos, a reconocer los derechos políticos de las mujeres.

Entre estos compromisos figura la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do Pará (1994), la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de ONU (2015).

Pero la proporción en los parlamentos y en los órganos de deliberación de los Gobiernos locales aún está lejos del 50 %.

Porque con una representación regional del 34,6 % de media en los escaños en los Parlamentos, la meta establecida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas" está "lejos de ser alcanzada" en la región.

De la misma manera, apenas el 15,5 % de los municipios en América Latina está gobernado por mujeres, que además ocupan sólo el 24,9 % en promedio de los escaños de los gobiernos locales, según la TFILM.

Y dado que las mujeres conforman la mitad de la población, La conclusión es que se encuentran subrepresentadas en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida política.

Violencia y falta de autonomía

Entre los múltiples factores que inhiben a que la población femenina ejerza plenamente sus derechos políticos, ONU Mujeres resalta que persiste la violencia en la política y en la vida pública, a lo que se une la violación de los derechos humanos y la falta de autonomía física y económica para dedicarse a la política.

El retraso es global, como pone de manifiesto lo expresado por ONU Mujeres en el reciente Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza): "el mundo no va por buen camino para lograr la igualdad de género para 2030".

En América Latina y el Caribe, tres décadas después del hito que supuso en América Latina la aprobación en Argentina de la primera ley de cuotas, en muchos países ONU Mujeres "aún" se ve en la obligación de explicar por qué es relevante regular la paridad de género.

Actualmente, dieciocho países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes de cuota y/o paridad -cuya efectividad depende de las reglas electorales- y doce han generado leyes para erradicar la violencia contra las mujeres en política, si bien ONU Mujeres sigue observando "altos niveles de impunidad en la región".

El desequilibrio entre hombres y mujeres existe aun a sabiendas de que la paridad enriquece los espacios políticos y económicos, contribuye a modificar la discriminación por género, permite una recuperación igualitaria y sostenible frente a las crisis, incorpora sus necesidades específicas a la agenda pública y es un catalizador para el logro de la igualdad sustantiva.

Por Verónica Dalto.