La Haya, Países Bajos.

La máxima instancia judicial de la ONU exigió este viernes a Israel que impida cualquier acto de genocidio en Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino, escenario desde el 7 de octubre de una arrolladora ofensiva militar contra Hamás.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, no se pronunció por el momento sobre la cuestión de fondo, planteada por Sudáfrica, para determinar si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.

Pero consideró que la "catastrófica situación humanitaria" en el asediado territorio palestino "podría deteriorarse más" antes de que pronuncie su fallo final, por lo que exigió varias medidas de emergencia.

Una de ellas urge a Israel a adoptar "medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria" en Gaza, donde 85% de los cerca de 2,4 millones de habitantes se convirtieron en desplazados internos desde el inicio de la guerra.

Además, el Estado hebreo debe "tomar todas las medidas" para "impedir" actos contemplados por la Convención para la prevención de genocidios y "castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio", agrega.

Antes de leer las disposiciones, la presidenta del tribunal, Joan Donoghue, citó declaraciones de dirigentes israelíes como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien al ordenar el 9 de octubre un "asedio completo" de la Franja de Gaza afirmó que sus fuerzas estaban "combatiendo contra animales".

El tribunal emitió este fallo en el marco del recurso de emergencia presentado en diciembre por Sudáfrica, argumentando que Israel violó la Convención para la prevención de genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.

 Cese el fuego 

La canciller sudafricana, Naledi Pandor, consideró que esas medidas equivalen a un llamamiento a un alto el fuego.

"¿Cómo aportar ayuda humanitaria sin un alto el fuego? ¿Cómo suministrar agua, [facilitar] el acceso a la energía? ¿Cómo garantizar que los heridos se beneficien de cuidados sanitarios?", se preguntó frente al Palacio de la Paz de La Haya, donde sesiona la CIJ.

"Sin un cese el fuego, no se puede hacer nada de eso", añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tachó de "escandalosas" las acusaciones de "genocidio".

Durante las audiencias previas a la sesión del viernes, Israel subrayó que actuaba en legítima defensa, tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre en el sur de su territorio, y que hace cuanto puede para proteger a los civiles de Gaza.

Pero la CIJ estimó que las medidas adoptadas hasta ahora "son insuficientes" para proteger los derechos de los palestinos.

Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, consideró que el dictamen constituye un "avance importante que contribuye a aislar a Israel y a exponer sus crímenes en Gaza".

La Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, vio el fallo como la manifestación de que "ningún Estado está por encima de la ley".

La guerra estalló el 7 de octubre, con la incursión de comandos islamistas que provocaron la muerte de unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.

Las acciones de represalia, con bombardeos incesantes y acciones terrestres en Gaza, dejaron hasta el momento 26.083 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el ministerio de Salud del territorio.

 "Preocupación" por los rehenes 

Israel afirma que si hubo actos de genocidio, estos fueron perpetrados por Hamás en la operación comando de octubre.

En los considerandos de su dictamen, Donoghue afirmó que el tribunal está "muy preocupado" por la situación de los rehenes en Gaza y reclamó su "liberación inmediata y sin condiciones".

Hamás difundió poco después del fallo un video que muestra a tres de las rehenes, dos de las cuales se presentan como reclutas del ejército israelí.

Los islamistas canjearon a fines de noviembre, durante una tregua de una semana, a un centenar de rehenes por presos palestinos en Israel.

• Actualmente, según Israel, 104 personas permanecen cautivas en Gaza y 28 habrían muerto.

¿Acatará Israel el dictamen? 

La cuestión ahora es si Israel acatará el dictamen de la corte.

La CIJ, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación, como cuando ordenó en vano a Rusia detener sus operaciones en Ucrania.

El 14 de enero, Netanyahu manifestó su firmeza en mantener la ofensiva. "Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal", declaró.

En cualquier caso, los expertos creen que, al margen del impacto simbólico que pueda tener el dictamen, probablemente habrá consecuencias tangibles en el terreno.

Según Juliette McIntyre, experta en derecho internacional de la Universidad de Australia del Sur, si la CIJ, como tercera parte neutra, determinase la existencia de un riesgo de genocidio en Gaza, "será mucho más difícil que un país siga apoyando a Israel".

Los países que más han apoyado el caso ante la CIJ han sido los de mayoría musulmana, entre ellos Irán, Turquía, Jordania, Pakistán, Bangladés, Malasia y las Maldivas.

La Unión Europea recordó que "las órdenes de la CIJ son vinculantes" y dijo esperar su "implementación plena, inmediata y efectiva".

En América Latina, países gobernados por la izquierda como Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela respaldaron la iniciativa de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, equiparó en la red X el dictamen del tribunal a un "triunfo de la Humanidad" y destacó que "lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes".

El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, condenó por su lado la violencia "atroz e imperdonable" de Hamás y criticó el "resurgimiento del antisemitismo".

La UNRWA despide a empleados 

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), indicó este viernes que despidió a "varios" empleados acusados por Israel de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre.

"Cualquier empleado que haya estado involucrado en actos de terrorismo tendrá que rendir cuentas, incluso mediante acciones legales", afirmó.

Poco después, Estados Unidos anunció que suspendía temporalmente la financiación de esa agencia mientras se examinan esas acusaciones.