Un tribunal rumano sentenció este lunes a 13 personas, incluido un alcalde de un distrito de Bucarest, a largas penas de prisión por el incendio ocurrido en 2015 en una discoteca de la ciudad que dejó 64 muertos.
El incidente provocó asimismo la dimisión del primer ministro, en medio de protestas por corrupción y por la laxitud en los estándares de seguridad.
s El club estaba atestado con unas 400 persona-muchas de ellas menores de edad- que asistían a un concierto de rock cuando un espectáculo pirotécnico provocó un incendio y la posterior estampida de los asistentes.
Los investigadores detectaron numerosas infracciones en las medidas de seguridad de la discoteca, que los críticos al gobierno tomaron como un símbolo de la corrupción y de los bajos estándares de seguridad en uno de los países más pobres de la Unión Europea.
Además de las penas de prisión, la corte de Bucarest falló que las víctimas y sus familias deben ser compensadas con 50 millones de euros.
El organizador de los fuegos artificiales fue sentenciado a 12 años y ocho meses de prisión por homicidio involuntario al no contar su empresa con los permisos requeridos.
Los tres dueños del club fueron sentenciados, por su parte, a 11 años y ocho meses de cárcel, también por homicidio involuntario, ya que la discoteca no tenía salidas de emergencia.
Dos pirotécnicos encargados del espectáculo de fuegos artificiales, dos técnicos de seguridad contra incendios y un alcalde de distrito de Bucarest, que autorizó la actividad del club pese a sus falencias, fueron condenados a penas de hasta 10 años.
Este incendio desató un movimiento de protesta sin precedentes contra la clase política rumana.
El eslogan tomado por los manifestantes --"la corrupción mata"-- ha acompañado desde entonces numerosas movilizaciones antigubernamentales en Rumania.
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