Ciudad de México, México.

El gobernador del estado mexicano de Baja California, Jaime Bonilla, dijo este lunes que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que declaró inconstitucional la extensión de su mandato de dos a cinco años.

"Para mí, enterarme de la resolución del máximo tribunal de justicia en México, no es un éxito, ni un fracaso", dijo Bonilla mediante un comunicado.

Señaló que recibe la decisión de la Suprema Corte "como una resolución que ayuda a aclarar el panorama para trabajar con el doble de ánimo y el horizonte cierto de conducir la administración pública del Gobierno del Estado de Baja California hasta el 31 de octubre de 2021".

Bonilla no disimuló su desacuerdo al considerar que la Suprema Corte "no llegó al fondo del asunto" y agregó que la decisión de los ministros de la SCJN, en sesión a distancia, "no alterará para nada su ritmo de trabajo" para cumplir sus 100 compromisos de su plan de Gobierno, de los cuales, dijo, ha cumplido 60.

"Los ministros dijeron que se violó la Constitución, pero no supieron decir en cuál artículo", acotó.

El mandatario estatal llamó a los ciudadanos de Baja Californianos, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas "a darle vuelta a la página y dar por concluido el asunto".

"Para mí es un asunto concluido que nos ayuda a encauzar la energía del Gobierno a resolver los problemas más acuciosos como son: salud, vivienda, combate a la pobreza, a la corrupción y seguridad para dejar un mejor estado que el que recibí después de 30 años de gestión del Partido Acción Nacional (PAN)", finalizó.

En una sesión plenaria virtual por la pandemia de COVID-19 llevada a cabo en la Ciudad de México, los 11 magistrados del tribunal constitucional mexicano avalaron por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad contra la modificación del mandato de Bonilla, gobernador desde el 1 de noviembre de 2019.

Bonilla se presentó a las elecciones para gobernador de Baja California por un período de dos años, pero tras su triunfo, el Congreso del estado modificó la ley para alargar su mandato a cinco años, periodo que fue invalidado este día por la SCJN.

El fallo del Supremo mexicano recibió el espaldarazo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como de la autoridad electoral, de los empresarios y de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.