San Salvador.

El desplazamiento forzado interno generado por la Policía y el Ejército en El Salvador llegó el 76,1 %, con lo que superó los casos atribuidos a la violencia social generada por las pandillas, según informaron este jueves tres organizaciones humanitarias.

Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que los casos provocados por agentes de la Policía representan el 72,8 %, los atribuidos al Ejército un 3,3 %.

Mientras que los relacionados con la violencia de las pandillas llegan al 15,2 % entre enero y junio pasado.

Veronica Reyna, del SSPAS, dijo durante una conferencia de prensa que este es uno de los aspectos que "más nos preocupa" y señaló que las pandillas "habían sido históricamente los principales actores de violencia, principales generadores de desplazamiento forzado en El Salvador".

"Es algo que ya veníamos advirtiendo desde el año pasado (2022), a principios de este año se observaba un incremento", agregó la defensora de derechos humanos.

Destacó que "es la primera vez en El Salvador que vemos que agentes del Estado, la Policía en particular está generando desplazamiento forzado de manera masiva".

Las cifras de estas organizaciones indican que el desplazamiento forzado atribuido a las pandillas durante el primer semestre de los últimos años fue del 91,2 % en 2020 y del 92 % en 2021, mientras que en 2022 pasó al 50,3 % y llegó a 15,2 % en 2023.

Por su parte, los casos vinculados con la Policía pasaron de 2,5 % en 2020 a 72,8 % en la actualidad.

Por otra parte, estas tres organizaciones atendieron entre marzo de 2022, cuando entró en vigencia un régimen de excepción para combatir a las pandillas, y junio de 2023 un total de 223 víctimas de desplazamiento forzado generado por las fuerzas estatales.

• Los principales afectados son los adultos entre 31 y más de 60 años, con el 57,4 %, le siguen los niños de entre cero y 12 años con el 17,5 %.

Reyna precisó que han registrado 476 "hechos violatorios de derechos humanos", dado que una persona puede sufrir más de uno, y además del desplazamiento se encuentran amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %).

Además, entre estas vulneraciones que estas personas han denunciado ante las organizaciones se encuentra el acoso sexual (2,2 %) y abuso sexual (0,9 %).

Estos datos se dan a conocer cuando el país vive una polémica por la detención de seis militares en una zona rural del país, quienes estarían vinculados con la violación de una niña y a quien, según reportes de la prensa, habrían amenazado con aplicar el régimen de excepción.