Ciudad de Panamá, Panamá.

El ministro francés de cuentas públicas, Gérald Darmanin, realiza este lunes una visita a Panamá para mejorar la cooperación e intercambio de información tributaria con el país centroamericano, al que París considera un paraíso fiscal.

"Para Francia y la Unión Europea, la transparencia financiera internacional es una exigencia fundamental", dijo Darmanin en su cuenta de Twitter.

El objetivo de la visita es "mejorar la cooperación entre Francia y Panamá en materia fiscal" y "encontrar soluciones para luchar eficazmente" contra el fraude y la evasión fiscal, según un comunicado del gobierno francés.

Francia retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales en 2012 tras un acuerdo contra la evasión fiscal, pero lo volvió a incluir en 2016 con el escándalo internacional de los Papeles de Panamá, que reveló cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon numerosas sociedades opacas.

Algunas de estas sociedades sirvieron para que personalidades de todo el mundo evadieran impuestos y blanquearan capitales.

Los 22 estados afectados por este escándalo lograron recuperar unos 1,200 millones de dólares, de los cuales 136 millones son franceses, según el consorcio de investigación que reveló el caso.

Francia y Panamá tienen acuerdos para evitar la doble tributación, pero Francia no está satisfecho con el intercambio de información fiscal de sus ciudadanos que podrían estar evadiendo impuestos.

En los últimos años, Panamá ha acelerado las reformas de su sistema financiero para adecuarlo a estándares internacionales y desde 2017 intercambia información financiera bajo parámetros exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con esas medidas, Panamá logró salir del listado de paraísos fiscales de la Unión Europea y la OCDE.

Sin embargo, reingresó a la nómina de países no colaboradores contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Algunos sectores panameños se oponen a las reformas bajo el argumento de una supuesta cesión de soberanía y de un presunto "ataque" internacional para acabar con el centro bancario panameño.

El vicepresidente de Panamá, Gabriel Carrizo, reconoció la pasada semana que hay un sector en el país que "quisiera mantener" las leyes actuales porque "a lo largo del tiempo han funcionado", y otro grupo que "se inclina por darle cumplimiento a todas las exigencias internacionales".