Guadalajara, Jalisco.

Con opiniones encontradas, concluyeron las mesas de diálogo en el foro Paz y Desarrollo realizadas este miércoles en Guadalajara, las que forman parte de los foros de Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional convocados por el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

293 personas entre empresarios, funcionarios públicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales y víctimas de diferentes delitos dialogaron durante cinco horas distribuidos en alrededor de 35 mesas temáticas. A manera de síntesis, la integrante de la asociación civil Portavoces de Paz, Dolores Pérez Lazcarro, leyó algunas de las demandas de las víctimas.

“Queremos que haya paz con justicia social, que se combata la corrupción, la impunidad y la negligencia. Que se abata el rezago a las investigaciones y procesos en curso, que se atienda de forma integral a las víctimas, considerando sus opiniones y que se implementen con urgencia las acciones propuestas para buscar a todas y todos los desaparecidos y encontrarlos”, dijo Pérez Lazcano.

En entrevista con #44Lab, la Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) capítulo Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, narró que en su mesa de trabajo se abordaron temas como la tortura, la búsqueda de desaparecidos en el SEMEFO, el secuestro y la trata de personas.

Ramos Ponce dijo que, a diferencia de los foros en Ciudad Juárez o Morelia, donde a las víctimas se les cuestionó si estarían dispuestas a perdonar a criminales, en la mesas de trabajo en Guadalajara las personas dolientes guiaron las conversaciones.

“Las víctimas están cansadas de ir a foros en donde tienen que narrar una y otra vez la situación que han vivido y no pasa nada. –Hoy- hay una esperanza, por lo menos, de que se realicen las gestiones necesarias (…) Ojalá que ahora sí sean escuchadas pero, sobre todo, atendidas”, dijo la coordinadora de CLADEM Jalisco.

Rocío Moreno, integrante de la comunidad coca de Mezcala, en la rivera del lago de Chapala, dijo en entrevista con #44Lab que en su mesa de trabajo expuso la falta de reconocimiento a 23 comunidades originarias en la Ley Estatal Indígena de Jalisco, a la que calificó como ‘racista’. Además, habló de la contaminación impune en el río Santiago que ha provocado muertes por padecimientos renales en San Pedro Itzicán y el intento de despojo de 12 hectáreas a Mezcala.

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“El Estado debe aceptar que hay una deuda histórica con los pueblos originarios. No ha logrado reconocerlos con su territorio, con su cultura, con su autonomía. Por lo tanto, no tienen idea de cómo incorporar a los pueblos de una manera digna (…) Lo más importante fue que en las mesas había distintos actores de la sociedad civil y todos apuntamos a que el Estado tendría que iniciar este proceso de pacificación porque es quien está generando violencia”, señaló Rocío Moreno.

La comunera, que compartió mesa con víctimas, integrantes de organizaciones no gubernamentales y hasta un juez penal, reconoció que “la gente que está aquí no es acarreada”, pero sugirió que estas mesas de diálogo se repliquen en lugares abiertos.

El foro Paz y Desarrollo Jalisco se realizó en el centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara. Fue el número 14 de los 26 a realizarse hasta el 22 de octubre por diferentes ciudades de la república.

Los foros tienen la finalidad de sistematizar las demandas y recomendaciones de las víctimas de la violencia en México para que el gobierno de López Obrador defina una política pública de pacificación que reduzca los indicadores de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, entre otros crímenes.

Quien será el coordinador de seguridad en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, Macedonio Tamez Guajardo dijo que, al igual que el próximo gobierno federal, la administración estatal de la que formará parte también atenderá las demandas y propuestas de las víctimas.

El próximo secretario de seguridad pública federal, Alfonzo Durazo, cerró el foro y se comprometió a coordinar a las instancias federales con los gobiernos estatales para buscar a los más de 38 mil desaparecidos “hasta donde sea humanamente posible”.

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