Ciudad de México, México.

La fiscalía general de México "incumplió la ley general de protección de datos personales" al utilizar el software de espionaje Pegasus contra políticos, académicos y políticos, informó este miércoles una autoridad.

En 2017 activistas, periodistas y opositores del entonces presidente Enrique Peña Nieto denunciaron que sus móviles estaban intervenidos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la fiscalía "incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales", indica un comunicado de la institución.

La fiscalía "carecía de una bitácora de uso respecto del tratamiento de datos personales vinculado con el software Pegasus, el cual preveía la recolección de datos personales y la generación de bases y aplicaciones para su almacenamiento", explicó.

Los procesos penales "continúan", subrayó el INAI.

En 2017, el gobierno mexicano se vio envuelto en un escándalo cuando se revelaron hallazgos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y otras organizaciones sobre el espionaje del que fueron blanco periodistas, activistas, académicos, políticos e incluso investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estudiaban la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero (sur).

Esto llevó a las víctimas a acusar legalmente al gobierno de México de intervenir sus teléfonos móviles, pero la fiscalía lo negó.

Pegasus es un avanzado sistema de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group, que afirma venderlo exclusivamente a los gobiernos para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Existe evidencia de que al menos la secretaría de Defensa, la fiscalía general y la agencia de inteligencia federal de México lo adquirieron, de acuerdo con un informe elaborado por las organizaciones Artículo 19, Red de Defensa de los Derechos Digitales y Socialtic.

El software se infiltra en teléfonos inteligentes para revelar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y contactos, e incluso puede activar el micrófono y la cámara para escuchar y ver al usuario sin que éste se dé cuenta.

La fiscalía sólo notificó la existencia del contrato suscrito en 2014 para la adquisición del software, pero en días recientes, "informó que existían otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017", deploró el INAI.

Al asumir el poder en diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con el espionaje desde el gobierno.