Guadalajara, Jalisco.

Cinco víctimas de desaparición forzada en la manifestación del 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), para exigir claridad en la atracción de la investigación, ya que hasta ahora ninguno de ellos ha sido notificado de que el caso pasó al fuero federal.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) acompañó a las cinco víctimas a la sede de la FGR, ya que tres de ellos son estudiantes y dos son maestros de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU, dijo que la Fiscalía Estatal no puede investigar el caso, ni tampoco la Fiscalía Anticorrupción, ya que consideran que el delito a perseguir es privación ilegal de la libertad, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) acreditó la desaparición forzada.

“Es del orden federal y hay que nombrar las cosas por su nombre y como es. Tenemos una discrepancia con el fiscal estatal anticorrupción, ya que desde su particular punto de vista, él dice que la línea de investigación que siguen, es la de privación ilegal de la libertad, que ese es uno de los delitos que se están persiguiendo y son del fuero estatal, pero desde nuestro particular punto de vista y la visión de las víctimas y por supuesto, del reporte de la CEDHJ, lo que pasó el 5 de junio, no es una privación ilegal de la libertad, fue una desaparición forzada, es un delito federal”, aseguró.

Un maestro de la UdeG que el 5 de junio acompañó a su esposa, a la manifestación en la Fiscalía Estatal -quien pidió el anonimato- dijo que buscan que se conozca la verdad y se aplique la justicia.

En el caso de ambos docentes, además de “levantarlos”, los policías les quitaron las bicicletas en las que viajaban.

“Por eso, nosotros nos hemos unido, la mayor cantidad de víctimas, para poder luchar por esto, por la justicia. Tenemos derecho a que se sepa lo que pasó y la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad histórica de hablar del 4, del 5 y del 6 de junio, como un antes y un después. Un antes donde sucedieron estos hechos, pero un después, donde gracias a la investigación que ellos hagan, podamos conocer lo que realmente pasó”, dijo.

Los jóvenes detenidos solicitaron medidas de protección a la Guardia Nacional, ya que les siguen haciendo llamadas telefónicas a su casa, para atemorizarlos, dijo una estudiante que también fue “levantada” por policías ministeriales el 5 de junio.

“No hay palabras para describir lo que vivimos ese día, por eso estamos aquí. Hemos hablado con la verdad y esperamos que ellos con esa verdad, hagan justicia. Responsabilizamos a la Fiscalía del Estado y al Estado, por cualquier cosa que nos pase a nosotros y a las demás víctimas que no están aquí y a quienes decidieron permanecer en el anonimato, a los que trabajan con nosotros en las mesas de la CEDHJ, a nuestra familia y tenemos miedo”, expresó.

Hasta el momento, a las víctimas se les ha dado rehabilitación psicológica y compensación económica por las pertenencias que les robaron, pero la verdad y la justicia aún están pendientes.

El presidente de la FEU dijo que el fiscal Gerardo Octavio Solís, debe dejar el cargo.

“Pedimos y reiteramos la destitución del fiscal estatal, porque por acción o por omisión, es el responsable de esta institución, que permitió y que practicaron elementos de la Fiscalía, los hechos atroces del 5 de junio”, indicó Armenta. 3:33

El abogado Luis Octavio Cotero Bernal, académico del CUCSH y ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fue nombrado representante legal de los cinco estudiantes y académicos de la UdeG.