Los Ángeles, Estados Unidos. 

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, autorizó provisionalmente el lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus operaciones contra la inmigración ilegal en el sur de California.

Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de uno o varios de una serie de cuatro factores.

• Estos factores eran su presencia en un lugar específico generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.

La intensificación de las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos genera polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump.

Esa medida fue criticada por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo "una sospecha razonable".

Pero la Corte Suprema (nueve jueces en total) levantó el lunes esa suspensión, contra el criterio de los tres progresistas, hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que ella misma intervenga.

La Corte no motiva su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, expresa en ella su apoyo, señalando en particular que "la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles", con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.

Por el contrario, en nombre de los tres progresistas, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Corte Suprema, manifiesta su desacuerdo.

"No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios",

escribe, reprochando a sus colegas conservadores que creen con su decisión "un estatus de ciudadano de segunda clase".

La inmigración, incluso la indocumentada, aporta una mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense: el 42% de los trabajadores agrícolas no tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022.

El gobierno Trump alega por su parte que el coste para las finanzas públicas y el impacto para la seguridad nacional de los irregulares es demasiado elevado.