Bruselas, Bélgica.

Miembros de la Eurocámara, con su presidente David Sassoli a la cabeza, celebraron este martes la decisión de la justicia británica de considerar "ilegal" la suspensión del Parlamento británico hasta los días previos al Brexit.

"Cualquier acuerdo del Brexit debe ser aprobado tanto por el parlamento del Reino Unido como por el de la UE", tuiteó Sassoli, que calificó de "esencial un control democrático adecuado a ambos lados del canal de la Mancha".

La Corte Suprema de Londres declaró "nula y sin efecto" la suspensión parlamentaria decidida por el primer ministro británico, Boris Johnson, quien desde Nueva York aseguró que respetará la decisión, pese a estar en desacuerdo con ella.

Para la presidenta de la Corte, Brenda Hale, la decisión fue "ilegal" porque buscaba "frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable".

La decisión supone un nuevo revés para Johnson, a quien los diputados británicos urgieron a pedir una nueva prórroga del Brexit, previsto el 31 de octubre, si no logra un nuevo acuerdo de divorcio antes del 19 con sus socios europeos.

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"Los parlamentos nunca deben ser silenciados en una democracia real", aseguró el referente de la Eurocámara para el Brexit, el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt, para quien "el Estado de derecho en el Reino Unido está vivo y coleando".

El eurodiputado conservador alemán David McAllister, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, advirtió no obstante que todavía queda mucho trabajo por delante para lograr una salida ordenada del Reino Unido el 31 de octubre.

"Para el primer ministro, el fallo es una derrota" y "al mismo tiempo, refuerza el parlamentarismo británico", agregó McAllister, para quien no obstante "la decisión de hoy no resuelve el bloqueo político original".

Johnson asumió el poder en julio tras la dimisión de la también conservadora Theresa May, después que el parlamento británico rechazara hasta en tres ocasiones el acuerdo de divorcio cerrado en noviembre entre Londres y Bruselas.

La portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, evitó pronunciarse sobre la decisión, asegurando que a Bruselas no le corresponde "comentar los asuntos constitucionales internos de los Estados miembros, incluido el Reino Unido".