Guadalajara, Jalisco.

No sabe cómo responderles y rompe en llanto. Sus nietas le preguntan por qué su mamá no llega, por qué tienen ocho meses sin verla. Desde el 17 de junio de 2021, la familia de Martha Leticia Miranda está incompleta.

En el Jalisco de 2022, alrededor de 560 personas han ingresado a los registros oficiales por desaparición. Son 17 víctimas diarias, y la Entidad se acerca poco a poco a las 16 mil. La hija de Martha está en esa lista.

“Salgo a buscar, a ver qué encuentro y regreso con las manos vacías, sin novedad ni noticia. El Gobierno no hace mucho, más bien uno es el que tiene que buscar, porque a uno le duelen, a ellos no. No es su gente, no es su sangre”.

Sus nietas tienen cuatro y cinco años. Son muy pequeñas y, por lo mismo, no les ha podido confesar que a su mamá se la llevaron de la Colonia Polanquito, que no puede confirmarles si su madre come, dónde duerme, si tiene frío o en qué situación se encuentra. La descripción más precisa de su realidad es también la más oscura: Martha está “muerta en vida”.

“Si alguien conoce a mi hija, si alguien sabe dónde está, que me diga dónde está mi niña. Mi hija desapareció el 17 de junio de 2021 aquí en la Colonia Polanquito. Mi hija ya no regresó a casa, tiene dos hijas que la esperan: una de cinco y una de cuatro. Es muy triste y muy angustiante verlas llorar, porque a veces me preguntan dónde está y no puedo contestarles, no tengo una respuesta. Respuestas por las que yo salgo a la calle a buscar y no encuentro”.

Jalisco registra una crisis de desaparecidos que, según los colectivos de familiares que atraviesan por esa realidad, las autoridades simplemente han ignorado.

En marzo de 2019, el gobernador Enrique Alfaro presentó la que llamó su “estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición”. Entonces había siete mil 117 personas en esa situación.

Ante familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y funcionarios públicos, el mandatario estatal hizo 20 compromisos para optimizar la búsqueda. La segunda de ellas: el gobernador estará en el centro de la responsabilidad.

Dos años y meses después de ese anuncio, los familiares de las víctimas afirman que, si bien reciben atención en las primeras etapas, ésta luego reduce, a tal grado que “le van dando a uno el avión” o “a veces ni la cara dan”.

- No escuchar a las víctimas: la peor omisión -

Una de las principales omisiones que han tenido las autoridades es que, para la construcción de estrategias que atiendan este problema actual, pocas veces han recibido la retroalimentación de familiares de víctimas.

En la opinión de Carmen Chinas, coordinadora del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), hay dos tareas básicas para virar el timón: foros de escucha con expertos, organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas, y el otro es contar con un diagnóstico sobre la seguridad en general.

Eso, afirma, permitiría entender por qué Jalisco se mantiene en los primeros lugares en desapariciones y violencia, pues ayudaría a comprender las causas económicas, políticas y regionales sobre ambos fenómenos y la cada vez más notoria fuerza que gana el crimen organizado.

“Decimos: Jalisco está en los primeros lugares de desapariciones, son más de 15 mil personas. A veces no dimensionamos la tragedia, pero cuando se particulariza en un ser humano con rostro, en este caso un jovencito que estaba al cuidado de su familia, nos pega y nos duele como sociedad, porque ya no es este discurso de autoridad que estigmatiza y criminaliza, que es una forma que han utilizado para minimizar o restar importancia a la situación".

Carmen Chinas se refiere a Eduardo Salomón, el joven de 16 años que fue privado de su libertad cuando se hallaba en casa, en Tlajomulco, y cuyo cuerpo fue localizado días después. Un caso que cobró notoriedad a escala nacional y movió a todas las autoridades hasta dar con los supuestos responsables de su muerte, y que debido a la presión mediática y en redes sociales, el gobernador llegó a considerar como un “golpeteo político”.

“Hoy escuchamos decir que es parte de un golpeteo político, como si la terrible inseguridad que se padece nos quisiera dar elementos para estar en contra de la autoridad. Claro que no. Lo que queremos es que se resuelvan las cosas, que se atiendan y que se diseñen estrategias de prevención”.

- “Le toca al Estado” -

La realidad es que, aunque el Gobierno de Jalisco ha tratado de deslindarse de hechos de alto impacto, como los homicidios, el gobernador “no se puede lavar las manos” aludiendo que es obra del crimen organizado y, por ello, le compete al Gobierno federal.

Esa es la opinión del integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, Rogelio Barba, quien afirma que no hay claridad en la estrategia porque ésta se encuentra desteñida debido a temas políticos.

“Hemos llegado a la conclusión de que el gobernador se debe de dejar de politiquerías, como él lo dice, y establecer un plan de emergencia sobre seguridad y justicia. Hay que recordar que cuando fue candidato a gobernador, él establecía cuatro ejes muy importantes: combate a la impunidad y un nuevo modelo de seguridad y justicia, capacidad de reacción inmediata, fortaleza institucional y combate a la violencia social y política de prevención".

Recuerda que también se prometió una Fiscalía autónoma que, hasta el momento, “ha quedado a deber”, pues no se han concursado los puestos para los perfiles que puedan “sostener, enfrentar y disuadir tanto la criminalidad convencional como la no convencional”.

“Hace falta una estrategia integral que pueda combinarse con la Federación, toda vez que muchas ejecuciones y desapariciones tienen que ver con la delincuencia organizada, pero vemos que no hay una buena relación del Gobierno del Estado con la Federación y se debería establecer un plan integral, político, para poder reaccionar sobre estos casos tan alarmantes”.

Los expertos concluyen que, en materia de desaparición y homicidios, las autoridades de los tres niveles le han quedado a deber a los ciudadanos. Y, además, el reto al que se enfrentan es cada vez más grande, pues casos como el de Eduardo Salomón o el de la hija de Martha Leticia Miranda son cada vez más constantes, más crudos y generan demandas enérgicas entre la población.