Guadalajara, Jalisco.

El Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada emitió una recomendación al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, para que “frene” el incremento de $7.00 a $9.50 en el transporte público, hasta en tanto no se cumpla con una serie de requisitos, entre ellos que las nuevas rutas-empresa, cumplan al 100% con las normas técnicas de calidad y las características físicas de las unidades.

Hugo Ivan Soltero, coordinador del Consejo Ciudadano de Movilidad no Motorizada de Guadalajara, explicó que además se tiene que actualizar cuál es la tarifa social que puede pagar la mayoría de los pasajeros y planteó que para que exista una tarifa justa, el gobierno estatal debe establecer una tarifa técnica para los camiones de las rutas troncales y alimentadoras y otro estudio para el caso del transporte masivo, como es el caso del Macrobús y las dos líneas del Tren Ligero.

"Obviamente, ahorita no se ha hace un análisis de la tarifa social, pero si se hace un análisis basado en los requerimientos técnicos parciales de las normas técnicas, entonces, sí hay una tarifa técnica establecida, pero para el transporte colectivo, no para el transporte masivo. Aquí, sí se va a tener que hacer una fórmula para cada una de las modalidades de transporte", advirtió.

El Consejo Ciudadano de Movilidad no Motorizada se reunió con los directivos del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y con el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor. Los funcionarios invitaron al Consejo Ciudadano, a formar parte de la Contraloría Social, instancia que supervisará que las unidades de transporte cumplan con la ley y que puedan cobrar la nueva tarifa.

Hugo Iván Soltero dio a conocer que en la recomendación enviada ya al mandatario jalisciense, se solicita que “se haga una armonización” de todas las disposiciones jurídicas para tener una fórmula que defina una tarifa justa. Un factor importante es que se consideren los “insumos específicos” para cada modalidad, por ejemplo, las rutas del Tren Ligero no utilizan diesel, sino que se mueven con energía eléctrica.

Los integrantes del Consejo Ciudadano de Movilidad también piden que se transparenten las evaluaciones que hace la Secretaría de Transporte a las rutas que van a “migrar” al modelo ruta-empresa.

En el escrito dirigido a Enrique Alfaro, los activistas solicitan que los empresarios que se comprometieron a dar el apoyo de $10 diarios, firmen convenios para que la promesa que se hizo pública, sea exigible.

El Consejo Ciudadano de Movilidad quiere que la Contraloría Social que recién creó el gobierno de Jalisco, tenga el carácter de órgano colegiado de la Secretaría de Transporte, con la idea de que sus recomendaciones sean “vinculantes”, esto es que, se acaten por ley.