Ocotlán, Jalisco

El 10 de junio de 1971 es uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en México; se le conoce como El Halconazo, porque Halcones era como se denominaba al grupo de paramilitares que, usando palos, garrotes y vestidos de civil, reprimieron una manifestación estudiantil que exigía mejoras en la educación. Ese día se tiene por lo menos el recuento de 160 estudiantes asesinados. A 49 años de esos hechos vergonzosos en la historia de México, llegan nuevos halcones con la misma práctica violatoria a los derechos humanos.

El 5 de junio de 2020, un grupo de policías de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, vestidos de civil ─también armados con garrotes y palos─, hicieron un operativo en zonas cercanas a la sede principal de la Fiscalía, ubicada en la calle 14 de Guadalajara, para detener a jóvenes que buscaban a manifestarse en contra de los abusos policiales y la detención de varios de ellos un día antes.

Aproximadamente entre 60 y 100 jóvenes fueron “levantados”, golpeados, subidos a vehículos sin placas por personal vestido de civil y encapuchados. Fueron trasladados al interior del edificio de la Fiscalía. Ahí los encerraron en “jaulas” y cuartos, en grupos de más de cuarenta personas. Les robaron sus celulares, entraron a sus cuentas personales, les robaron sus pertenencias y a algunos los siguieron golpeando. Después de dos horas los trasladaron en diversos vehículos y los fueron tirando por diversas colonias a las afueras de la ciudad.

No todas las personas que vivieron estos hechos acudirían a la manifestación, algunas solo estaban en la zona esperando el camión, transitando por el lugar o habían salido de trabajar. La desaparición forzada de todas estas personas las cometieron los halcones del 2020.

Las desapariciones forzadas en Jalisco ocurridas el viernes 5 de junio requieren investigación y castigo a los responsables. No basta una “disculpa”, no basta la teoría del “complot”, no basta que dos policías de menor rango estén acusados de hechos que implicaron decisiones de Estado. Por decisión u omisión, tanto el gobernador como el fiscal son responsables de las graves violaciones a los derechos Humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe de atraer el caso. La falta de autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no permite una investigación imparcial. Es inconcebible que el presidente de la Comisión estatal realice rueda de prensa conjunta con el gobernador y forme parte de la mesa interinstitucional que investiga los hechos.

La CEDHJ ha estado desaparecida y ausente de las graves problemáticas de derechos humanos en el Estado, ahora se presenta al lado del gobernador, ofrece rueda de prensa conjunta y forma parte de la mesa interinstitucional formada por el gobierno para investigar los hechos violatorios de derechos humanos que el mismo gobierno que integra la mesa cometió. Esas acciones no sólo hablan de la inexistencia de autonomía, hablan también de una falta de legitimidad del presidente y de la institución protectora de los derechos humanos y, por supuesto, una falta de ética y compromiso con las víctimas que vivieron los peores momentos de su vida al ser secuestrados, torturados física y psicológicamente, robados en sus pertenencias y puesto en riesgo sus vidas al ser objeto de desaparición forzada por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones, y en instalaciones en donde se supone se procura la justicia.

La CEDHJ  necesita estar dotada de plena independencia y legitimidad. Esto supone que esté alejada de cualquier tipo de cuestionamiento que afecte su actuar. Al respecto, es importante recordar el compromiso que tienen los Estados de cumplir con los Principios de París, los cuales definen las características principales de las instituciones nacionales de derechos humanos, siendo algunos de ellos la independencia, autonomía y legitimidad.

En el contexto de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Jalisco, la CNDH está llamada a ejercer un rol activo en la defensa de todos los derechos humanos. El papel central de las víctimas en toda acción, medida o política que se adopte, el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y sobre todo, el actuar autónomo e independiente son criterios que deberán guiar el trabajo de la institución nacional de los derechos humanos para atraer el caso de Jalisco.

En Jalisco, el 5 de junio no solo desaparecieron a los jóvenes, también se desapareció el Estado de Derecho.

Por Guadalupe Ramos Ponce