Ocotlán, Jalisco

Asegurar que el 70% de los homicidios en Jalisco están vinculados con el crimen organizado, tal como lo hizo el gobernador, Enrique Alfaro, supone que existen todas las pruebas e indicios para probar su dicho, ya que precisar que las personas que fueron asesinadas en tres casos que mostró en su Primer Informe en Materia de Seguridad, no es suficiente.

¿Por qué? Porque el castigo para quienes hayan cometido alguna falta o estén siendo buscados para pagarla no es ni debería ser la muerte, ya que existe un marco normativo que establece una serie de penas acordes a la falta que hayamos cometido. Decir que los asesinaron por haber cometido otros delitos es cederles a otros la procuración de justicia a través del asesinato.

La hipótesis de que “se matan entre ellos” no sólo criminaliza a las víctimas de homicidios dolosos en Jalisco, sino que también genera sentencias previas que podrían generar opacidad en la aclaración de dichos homicidios, ya que prácticamente se señala que “ellos son responsables de su propia muerte”.

En la práctica de investigar la resolución de homicidios en Jalisco, he logrado observar que cuando el estigma criminalizante aparece, las acciones periciales y de investigación se vuelven mínimas: “qué voy a andar investigando la muerte de un cabrón que era un criminal”, me expresó alguna vez un policía ministerial que la única prueba de su dicho era lo que éste pensaba y lo que sus jefes le decían que debía de hacer cuando se topara con un caso así.

Por ello, lo dicho por Enrique Alfaro no es cosa menor, ya que sí la cabeza del gobierno asegura que todos están vinculados con su propia muerte, entonces, quienes tienen bajo su responsabilidad las investigaciones ya cargan con un estigma donde, quizá, más que buscar culpables podrían sólo recabar las evidencias para mostrar su vinculación con el crimen organizado. Así se ratifica el dicho gubernamental y se expía toda culpa de que las muertes hayan sucedido como un problema de seguridad pública quedaría relegada.

Después del informe del gobernador, Macedonio Tamez –Coordinador General de Seguridad del Gobierno de Jalisco- intentó corregir los dichos del gobernador señalando que no todas las víctimas de homicidio pertenecen al crimen organizado, aunque sí existe una correlación entre el crimen y las acciones de la delincuencia organizada. Dicho que igualmente dio sin ofrecer las pruebas.

Con forme a los datos Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, hasta el mes de agosto, Jalisco ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de homicidios dolosos.

Por ello, es muy importante que las autoridades asuman con más responsabilidad su trabajo porque caer en las viejas hipótesis de que todo es culpa del crimen organizado no es un buen mensaje para la ciudadanía que espera que las autoridades inhiban la violencia y no que se queden esperando a que otros terminen la guerra que se están disputando en nuestras calles y ciudades.

Por Darwin Franco Migues