Bogotá, Colombia.

Un grupo de diez militares involucrados en amenazas con armas de fuego a civiles en el norte de Colombia fue suspendido de sus funciones este jueves, informó el Ejército.

"He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas", anunció el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, en conferencia de prensa.

Según Ospina, en el grupo sancionado hay "mandos" que no podrán ejercer "ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar".

• Los uniformados serán investigados por la justicia militar y también por la Fiscalía, anunció el general, sin precisar hasta cuándo estarán separados de sus funciones.

A inicios de semana, circuló en redes sociales y medios un video que muestra a un grupo de uniformados con el rostro cubierto apuntando sus fusiles contra niños, mujeres y otros pobladores de una zona rural, en un incidente que el gobierno calificó el miércoles como de "suma gravedad".

El hecho ocurrió en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte).

El general Ospina reconoció que se trata de militares que "se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional".

- Investigan entre disparos -

El miércoles, un helicóptero que transportaba comisiones investigadoras de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar recibió un disparo cuando se acercaba a la zona y debió aterrizar de emergencia en una base militar.

"Ese sector donde fue impactado es un corredor del narcotráfico (...), por inteligencia técnica se pudo establecer que (la banda narco) Clan del Golfo se adjudica el hecho", detalló Ospina.

El Clan -autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia- se formó a partir de remanentes de estas organizaciones.

El presidente izquierdista Gustavo Petro comparó el comportamiento de los militares con incidentes que ocurrieron durante el auge del paramilitarismo, los escuadrones de derecha que aliados con algunos miembros del ejército sembraron terror en su lucha contra las guerrillas, antes de su desarme en 2006.

"Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno", escribió el mandatario en la red social X, antes Twitter.

Fotografía: EFE

También pidió al ejército "presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos".

La Defensoría del Pueblo, órgano estatal que vela por los derechos humanos, pidió a las autoridades "esclarecer violaciones a los derechos humanos" en Tierralta, entre ellos un presunto "hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena".

A lo largo de medio siglo de conflicto interno, los militares se han visto inmersos en escándalos por violaciones de derechos humanos en Colombia.

Entre 2002 y 2008, miembros de la fuerza pública asesinaron a más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en una práctica macabra conocida como "falsos positivos", según el tribunal que investiga los peores crímenes de la guerra.