Washington, Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este lunes examinar por primera vez el tema del tratamiento de los menores transgénero, que divide profundamente a la sociedad estadounidense.

Concretamente examinará si una ley adoptada por el conservador estado de Tennessee (este) es constitucional.

Esta ley, confirmada por un tribunal federal de apelación, prohíbe a los menores que no se identifican con su sexo de nacimiento acceder a medicamentos que frenan los cambios de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugía de reasignación de sexo.

La familia de un menor del estado, apoyada por organizaciones de derechos humanos y por la administración del presidente demócrata Joe Biden, recurrió a la Corte Suprema por considerar que la ley es discriminatoria.

En su próxima sesión, entre octubre de este año y julio de 2025, el tribunal examinará si esta ley viola una disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que requiere que los estados otorguen protección igualitaria ante la ley a todos los ciudadanos.

• En los alegados presentados ante la corte en febrero, la consejera jurídica de la administración del presidente Biden, Elizabeth Prelogar, citó el "abrumador consenso médico a favor del tratamiento" de los adolescentes transgénero.

Tennessee, por su parte, alega que las "secuelas potencialmente irreversibles" de las intervenciones hormonales o quirúrgicas han provocado una "explosión del número de diagnósticos de disforia de género".

La disforia de género se refiere al estado de sufrimiento que experimentan los niños o adolescentes ante la falta de correspondencia entre su identidad de género y el sexo que se les asignó al nacer.

En abril, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitió que entrara en vigor una prohibición estatal similar en Idaho (oeste), mientras prosiguen los recursos judiciales.

Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores que incluyan bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugía se exponen a penas de hasta 10 años de prisión.