Por Paúl Martínez Facio

El 8 de mayo del 2013, con apenas  dos meses de iniciado su mandato, Aristóteles Sandoval Díaz anunciaba la creación de dos nuevas bases militares en el estado de Jalisco: la primera de ellas recién se inauguró el 15 de enero pasado en el municipio de Tecalitlán; la segunda se comenzó a construir apenas en julio del año pasado, pero su finalización y puesta en funciones, se produciría tentativamente para septiembre de este año.

La Ringlera es el nombre del predio en el que se están construyendo 65 unidades habitacionales que servirán para dar alojo a 550 elementos del ejército y sus familias, y se ubica a 20 minutos de Lagos de Moreno, sobre la carretera a San Juan de los Lagos.

Se ha argumentado que la presencia de esta base militar frenará de manera contundente la proliferación del crimen organizado en la zona; sin embargo, para el sociólogo Raúl Valencia Ruíz, la construcción de estas bases militares correspondería a un alineamiento con la controversial Ley de Seguridad Interior. Esto es lo que comparte el analista:

«Está Ley de Seguridad Interior, y está redistribución de bases militares donde no los había antes, tiene que ver más (que con los antecedentes) con lo que está por venir, son estrategias que lo que intentan es contener el recrudecimiento de los episodios de violencia y de desafío de parte de las organizaciones del crimen organizado a los poderes del Estado. La presencia de esta base militar en la zona de Los Altos de Jalisco es la materialización de la Ley de Seguridad Interior, polémica ley, a partir de la cual se legitima la presencia del ejército en las calles y como un actor en el combate del crimen organizado».

La inversión destinada a la construcción de esta base se calcula en aproximadamente 290 millones de pesos, de los cuales los gobiernos estatales de Jalisco y Aguascalientes tienen una aportación de 100 y 50 millones de pesos respectivamente, los municipios de la zona 25 millones más, y los 115 millones restantes, los aportan empresarios de ambos estados, según afirmó Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), para el diario Página 24 Aguascalientes, en nota firmada el 11 de julio del 2017.

De acuerdo con el Dr. Valencia, no es claro de quién o de quiénes fue la iniciativa de construir la base, pues poco se ha expresado en este sentido.

«¿Quién planteó o cómo se origina la necesidad de contar con una base militar en la zona? No vamos a llegar a conocer la respuesta a esa pregunta. En el entendido de que efectivamente, ¿quién planteó esa posibilidad?, ¿Fueron los poderes locales, quienes acudieron ante el gobernador y este ante el presidente?, ¿Hicieron lobby los empresarios directamente con el Presidente de la República?, ¿Las fuerzas militares luego de un diagnóstico establecieron la necesidad de contar con una base militar en esta zona? ¿Quién decide?», comparte el académico.

La entrada en funciones de esta base, aunada a la posibilidad de que en determinado momento entre en vigor la Ley de Seguridad Interior, supone también una serie de controversias acerca de quién y bajo qué condiciones estarían actuando los poderes civiles o los militares, situación que resulta preocupante para el analista.

«Lo que estás planteando es el ascenso de un poder militar paralelo a los poderes civiles, yo quiero pensar que todos los niveles, que todas las jerarquías al interior del ejército, seguirán subordinadas a los poderes civiles; sin embargo, la historia del país nos ha mostrado, de que “el poder no se comparte” y que por tanto, sí nos preocupa que la Ley de Seguridad Interior coloca por encima de las fuerzas civiles, y hablamos de policías, policías estatales, e incluso de la policía federal, quedan subordinadas al ejército».

Vale la pena recordar, que son precisamente estas controversias acerca de la invasión de esferas de acción en temas de seguridad, las que actualmente mantienen la polémica ley en suspenso.

Agrega además, aunque la militarización de la zona se realizara únicamente con el fin de garantizar la seguridad de la población, esto también significa reconocer que las fuerzas civiles han fracasado en el tema.