La Paz, Bolivia.

Al menos dos civiles han muerto y 11 policías sufrido heridas en la protesta que iniciaron el lunes los seguidores del expresidente Evo Morales contra los jueces que inhabilitaron su candidatura presidencial para 2025, según un balance oficial.

Al cabo de cuatro días de manifestaciones, el gobierno de Luis Arce - exaliado de Morales - aseguró este jueves que dos personas han perdido la vida al quedar varados en los bloqueos de vías de cocaleros y otras organizaciones campesinas.

El miércoles reportó la muerte de una mujer de 53 años que tenía problemas de presión arterial y no pudo viajar por tierra de La Paz a Santa Cruz.

"Queremos denunciar (...) la segunda muerte a causa del bloqueo evista", señaló este jueves el viceministro de gobierno, Roberto Ríos, en conferencia de prensa.

La víctima es René Pauasi, un transportista de 57 años, quien sufrió un paro cardíaco la noche del miércoles en la zona del Chapare, departamento de Cochabamba, y no pudo ser auxiliado por el cierre de carreteras, según el funcionario.

También la víspera 11 policías fueron heridos por manifestantes que los atacaron con piedras y explosivos en un punto de la protesta en el departamento de Potosí.

"La federación de campesinos originarios de Potosí, en una cantidad de 200 personas aproximadamente, han procedido a emboscar a nuestros efectivos policiales", dijo el coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante de la policía regional a una radio local.

• Algunos de los lesionados fueron llevados a centros de salud, ninguno reviste gravedad.

La Administradora de Carreteras registra este jueves 22 puntos de bloqueo en carreteras de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz, motor económico de Bolivia, frente a los 16 que había el miércoles.

La protesta fue convocada en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que impide a Morales presentar de nuevo su candidatura, con el argumento de que ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas.

El máximo líder de los cocaleros fue presidente entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por un estallido social que denunciaba un supuesto fraude electoral para obtener un cuarto mandato.