Guadalajara, Jalisco.

Exclusión, falta de espacios adecuados y de conectividad dificultan impartir educación a la población en centros penitenciarios. Y esto se ha agudizado durante la pandemia del COVID-19, señalaron especialistas durante el webinar: “Pensar la prisión en confinamiento: La educación en contextos de encierro punitivo frente a la pandemia”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

La doctora Claudia Alarcón Zaragoza, profesora investigadora en el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que la gente que está en cárceles solo pierde el derecho a la libertad y al ejercicio político, pero debe seguir accediendo a derechos fundamentales como la educación.

“En las cárceles ha aumentado la población de jóvenes, por ello la educación debería ser prioridad, pero no es así por muchos factores. Uno es el modelo punitivo sobre las cárceles, la exclusión territorial, los antecedentes de adicciones que tienen impacto en el conocimiento, el rezago educativo de estos jóvenes y la perspectiva de género, pues la masculinidad mal entendida hacen que no sea prioridad estudiar y en el caso de las mujeres hay rezago educativo más amplio que en los hombres”, expuso Alarcón Zaragoza.

La doctora Gezabel Guzmán Ramírez, profesora investigadora del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), añadió que es erróneo pensar que todo el que está en cárcel no merece que les sean garantizados sus derechos por ser delincuente, porque cuatro de cada ocho personas que están presas son inocentes o han recibido sentencias desproporcionadas. Y se refirió a los mensajes de odio contra los presos en redes sociales.

“Teníamos combinación donde hacemos símil de los seres humanos con animales, una verborrea de violencia para quitarles la condición humana, en México de ocho personas en prisión cuatro son inocentes, el sistema judicial encarcela a personas que no deben estar en prisión. La cárcel tiene que humanizarse, mejorar aspectos de salud y educación, mejorar la asistencia emocional y la alimentación. El problema que cada persona que entra en prisión forma parte de un engranaje de corrupción”, reflexionó Guzmán.

La doctora Helen Juárez, profesora investigadora titular de huertos orgánicos en el Centro Integral de Justicia regional de Ciudad Guzmán, labora con la población carcelaria de ese municipio.

“La actividad de huerto es en la que he venido trabajando más sobre cómo se vive desde la agricultura sustentable. El proceso que hemos tenido desde finales de 2017 hasta hoy, nos posiciona como un programa de reinserción en el que el huerto fortalece habilidades, actitudes y hábitos que favorecen a esa reinserción. El tener posibilidad de seguir creciendo en conocimiento en torno a algo es beneficioso, conocer otra forma de ver el campo y la producción desde la ética y los valores y compartir conocimientos”, explicó Juárez.

La doctora Cristina Varela, profesora asistente doctor de la Red de Inmigración, Escuela y Sociedad, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), explicó que en España la educación en prisión tiene dos niveles: el universitario, otorgado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el no universitario que se enfoca a alfabetización, educación media superior o alfabetización para extranjeros, todo con el objeto de minimizar carencias formativas del alumnado.

La mesa fue coordinada por la doctora Anayanci Fregoso, profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación, UdeG, quien cuestionó que no existe una política institucional a nivel penitenciario para otorgar la educación, sino que cada profesor gestiona y lo hace como puede.