Guadalajara, Jalisco. 

Debido a que el proyecto de presupuesto de egresos federal para el 2021 contempla una reducción de 350 millones de pesos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana del país, diputadas federales, integrantes de dichas sedes y activistas anunciaron que cada una desde su trinchera defenderá el presupuesto completo, ya que la institución significa una red de apoyo para mujeres de escasos recursos.

Maritza Yeh, representante de la red de casas también conocidas como CAMI, informó que en las comunidades indígenas estas sedes no solo cuentan con parteras y otros servicios, sino que también han asumido labores de seguridad sanitaria ante la indiferencia de los gobiernos locales, por lo cual recortarles tan drásticamente los recursos pone en riesgo su operación.

"No hay estrategias comunitarias para prevenir y atender el covid-19, lo que ha originado que varias CAMIs por iniciativa propia están generando acciones de prevención contra el covid-19 contando en algunos casos con apoyo de fuentes externas, se están enfrentando dificultades en la canalización de casos de violencia a las instancias de procuración de justicia, pues estas están cerradas o con poco personal".

Por su parte la diputada federal del PRD Verónica Juárez Piña mencionó que esta medida es una expresión de violencia institucional hacia la mujer, ya que se desprotege a la red CAMI que las respalda, ante ello, dijo que no respaldará el dictamen de presupuesto planteado por el gobierno de López Obrador.

"Esta situación no es nueva, la hemos visto replicada a lo largo de este año, en el mes de mayo cuando la violencia doméstica alcanzó su máxima expresión la red de casa de la mujer indígena y afromexicana denunciaba ya que la Secretaría de Hacienda estaba otorgando solo 30 % de los recursos etiquetados en el presupuesto y que esto podría provocar el cierre de algunos de sus centros poniendo en riesgo así la vida de las mujeres indígenas y afromexicanas en nuestro país".

Otras diputadas federales como Martha Tagle anunciaron un frente legislativo para buscar que las casas recuperen los recursos necesarios para su operación.