Dante Haro, fiscal de derechos humanos de la Fiscalía General de Jalisco (FGJ), señaló que la incineración de 553 cuerpos en el lapso de 1997 a 2015 por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron apegadas a derecho y con la autorización del Ministerio Público. Lo anterior luego de que el caso tomó relevancia posterior a una publicación en televisión nacional, sin embargo, según el fiscal señaló que la práctica “está reglamentada” en la Ley General de Salud (que data de 1984) en su artículo 348. Por otra parte añadió que en la Ley General de Atención a Víctimas, reformada el 9 de enero del 2013 –mismo año en que data la ley- en su artículo 21, según una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó prohibida la práctica de cremación, pero fue hasta principios del 2017 cuando se estableció a petición de organizaciones defensoras de derechos humanos la prohibición de incineración de cuerpos, en tanto no haya sentencias ejecutoriadas por las autoridades competentes.

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