Congreso de Jalisco
Fotografía: Violeta Meléndez / Archivo
Guadalajara, Jalisco.

Veinticinco diputados de Jalisco votaron a favor de enviar un reclamo público al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a raíz de que sus integrantes han criticado duramente al Congreso por la reciente designación de integrantes del Consejo de la Judicatura, señalada de haber incurrido en diversas irregularidades.

En sesión ordinaria se leyó el acuerdo en donde, a nombre del Legislativo, piden a los integrantes del Comité apegarse a sus funciones y no excederse, ya que han exigido a los diputados rendir cuentas por las cuestionadas designaciones, y a decir de los legisladores, no tienen atribuciones para hacerlo.

Este reclamo público generó inconformidad entre algunos representantes populares. Enrique Velázquez del PRD consideró que es un exceso, ya que la integración del Comité de Participación Social fue una lucha de anteriores legislaturas para fortalecer la democracia y, sin embargo, ahora buscan acotarlo.

“Se decidió tomar decisiones importantes para la apertura para que nos pudieran criticar, para que pudieran participar en las designaciones, para que conocieran las discusiones que se tomaban en el Congreso y no fuera únicamente entre nosotros, qué diría el Senador Clemente Castañeda si fuera diputado una vez más aquí, que él inició esa discusión, fue su bandera durante la 60 Legislatura y hoy pareciera que queremos acallar todas las voces”

También se manifestó en contra la emecista Mara Robles, quien reprobó que en el acuerdo se pretenda acallar a quienes legítimamente señalan inconsistencias documentadas en un proceso de selección, pues mencionó que el documento finalmente aprobado tiene un tono de amenaza contra el Comité de Participación Social.

“No, no nosotros no le podemos aplicar la mordaza a nadie, si ellos y todos esos ciudadanos expresaron eso pues es su opinión y nosotros sí estamos aquí para rendir cuentas, y dos, se les invita a los integrantes del Comité a conducirse con estricto apego a la ley del Sistema Anticorrupción, exijámosle a todo mundo como a nosotros mismos el cumplimiento de la Ley, pero lo que no estoy de acuerdo es en que se quiera aplicar una amenaza, un amedrentamiento macartista a estas alturas”, señaló Robles. 

Por su parte la priísta Mariana Fernández expuso que el salario de los integrantes de este comité es dinero bien gastado, al recordar que son personas calificadas para involucrarse en las decisiones políticas del estado y que tienen todo el derecho a disentir de la forma en que procede un poder como es el Legislativo.

“Al revés, yo al Comité de Participación Social le he pedido que se involucre en más procesos (…) Prefiero seguir gastando estos seis millones de pesos en el Comité de Participación Social para que nos hagan ser mucho mejores a los poderes, a todos los organismos, a todas las dependencias, para que sigan tratando de acabar con tanta impunidad y con tanta corrupción que hay en este estado”.

Quienes sí estuvieron a favor de este reclamo, como el panista Gustavo Macías o el emecista Salvador Caro, señalaron sentirse agraviados por la forma en que el comité ha denostado a los diputados, y apelaron a que haya condiciones de respeto y a apego a la ley al cuestionar al Congreso, aunque éste cambió de última hora los lineamientos para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura y dejó fuera a la contendiente mejor calificada. 

Violeta Meléndez