Por Luz Atilano Y Gabriela Arreola

El pasado viernes 25 de mayo se cumplió un año de la muerte del joven de 20 años, Joel Isidro Salas Armendáriz, quien falleció bajo custodia de la Policía Municipal de Lagos de Moreno luego de haber sido rescatado de un supuesto intento de suicidio, como todo el municipio se enteró a través de las redes sociales, al pretender arrojarse de una de las torres del templo de El Refugio.

Y es que, como recientemente informó este espacio, la investigación iniciada de oficio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco desde junio pasado con el número de queja 3695/2017/III, resultó en la emisión de una recomendación al Ayuntamiento de Lagos de Moreno y a la Secretaría de Salud Jalisco, a raíz de la violación de los derechos humanos (a la vida, a la integridad, a la legalidad y a la seguridad personal y jurídica, así como al trato digno y a la salud mental) de Joel Salas debido a las negligencias, omisiones y a la falta de capacitación e infraestructura en y para la atención que debió ofrecérsele al joven.

Al respecto, habla José Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de la CEDHJ:

“Queda claro también que la persona no recibió una atención adecuada en el Hospital Regional, queda claro que faltó sensibilidad ahí de quienes estuvieron a cargo de su atención médica, de nada más inyectarle diazepam y esperar a que se controlara sin ver y dar seguimiento. […] (Además), el hecho de que estuviera en una cárcel municipal no era justificado… Entonces, esa decisión desafortunada creo que es la que origina que el presidente de la Comisión (Estatal) de Derechos Humanos decida que el Ayuntamiento, al igual que la Secretaría de Salud (Jalisco) son solidariamente responsables y deben reparar el daño a los parientes, a los ofendidos directos de ese hecho tan lamentable”.

Visitador regional de la CEDHJ, José Mavio Ramírez Trejo

Concretamente, el documento emitido por la Comisión refiere siete recomendaciones a la Secretaría de Salud Jalisco y nueve al Ayuntamiento de Lagos de Moren en las que, además de solicitar la reparación del daño y el inicio interno de una investigación para determinar la responsabilidad administrativa, piden a ambas autoridades realizar una serie de acciones que garanticen la no repetición de un hecho como el aquí señalado.

Recomendaciones tales como la coordinación entre ambas instancias para la capacitación en salud mental de todo el personal de hospitales y de cárcel municipal; la elaboración, diseño y ejecución de protocolos de actuación en el área de urgencias; la creación de centros especializados en atención inmediata a personas con problemas de salud mental; programas de promoción y prevención; cursos especializados en derechos humanos para todo personal; la conformación de la Red Regional para la Prevención del Suicidio y Adicciones; entrar en contacto con el Instituto Jalisciense de Salud Mental para que se disponga un área del Hospital Regional para atención a pacientes psiquiátricos y la adecuación de infraestructura para atención médica en Cárcel Municipal; así como la gestión para instalación y puesta en funcionamiento de un módulo comunitario de Salud Mental, entre otras que, hay que decirlo, reflejan claramente la actual incompetencia a nivel municipal y regional, y evidencian las enormes carencias al respecto.

“Muchos policías no actúan por mala fe o pro mala intención. Actúan mal o son omisos en cumplir con ciertos requisitos porque no conocen cómo se debe actuar en esos casos. Entonces, tener el protocolo, que me digas qué es lo que tengo yo que hacer y la segunda… los tiempos, conocer el marco legal, estar capacitado para y tener la infraestructura, tener una cárcel adecuada, todo eso son elementos que involucran la garantía de no repetición”, añade el visitador regional de Derechos Humanos.

De acuerdo con Ramírez Trejo, es obligación de la Visitaduría Regional hacerse presente en calidad de supervisión y vigilancia en el seguimiento a las capacitaciones, elaboración de protocolos y actualización de reglamentos requeridos en recomendaciones como ésta. Sin embargo, también responde al cuestionamiento sobre ¿cuánto tiempo llevaría cumplir todo lo solicitado?, señalando una incógnita, pues como toda iniciativa pública dependerá de una gestión de recursos y, desafortunadamente, de la voluntad del cabildo, en el caso del municipio de Lagos de Moreno.