Asunción, Paraguay. 

A principios de mayo, salió a la luz un escándalo de corrupción en Paraguay donde, según informes de prensa, fondos donados por Taiwán y destinados a un programa social del Gobierno local, fueron desviados ilegalmente para la manutención del avión presidencial.

El caso puso en evidencia la falta de transparencia y controles de la parte paraguaya, y la actitud irresponsable y permisiva de la parte taiwanesa, que favoreció la corrupción de funcionarios locales, socavando la confianza pública y cuestionando la efectividad de estos programas sociales.

Se trató de una solicitud formal, fechada el 12 de octubre de 2023 y enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de Paraguay,

pidiendo de manera urgente a las autoridades de Taiwán utilizar unos 2.600.000 dólares estadounidenses de los fondos del "Proyecto Che Tapýi",

 que contempla la construcción de viviendas para familias indígenas pobres, para el mantenimiento regular de una avioneta y un helicóptero donados por Taiwán a Paraguay, en pos de garantizar la seguridad de los vuelos del presidente Santiago Peña.

Al día siguiente, el representante de Taiwán, José Chih-Cheng Han, expresó la conformidad de las autoridades taiwanesas para que el saldo remanente del mencionado proyecto social, de unos 1.748.974 dólares, sea utilizado para el fin solicitado.

Sin embargo, ante la noticia divulgada por la prensa, el Gobierno de Paraguay emitió un comunicado oficial fechado el 5 de mayo de 2024, desmintiendo enfáticamente que los fondos pedidos hayan sido utilizados.

Por el contrario, reconoce que se hicieron consultas a Taiwán para cubrir temporalmente los costos de reparación

de las aeronaves retenidas en Brasil desde mediados del año pasado por falta de pagos, pero detallaron que finalmente no se utilizaron y que el dinero sigue disponible para la construcción de viviendas.

Sin duda, esta acción fue un procedimiento totalmente negligente y fuera de lugar, ya que todos los recursos que ingresan al país en cualquier concepto son bienes del Estado paraguayo, que deben ser utilizados de acuerdo a la Constitución y a las leyes que establecen muy claramente cómo deben utilizarse.

En este sentido, la actitud del representante taiwanés fue desprolija, no condice con el respeto a las vías formales y legales de colaboración, siguiendo los protocolos tanto de las relaciones internacionales como del marco jurídico interno de Paraguay.

El Proyecto Che Tapýi, que data del año 2014, ya cumplió la primera etapa y comenzó la ejecución de las primeras viviendas de la segunda etapa durante el período de Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023),

con la construcción de un total de 1.000 casas para pueblos originarios en distintas comunidades indígenas en el Chaco paraguayo.

• Según los últimos datos del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), hasta el momento, del total de 1.000 viviendas, 250 ya se terminaron, 332 están en ejecución y 418 en proyecto.

En el caso de haberse concretado el desvío de fondos del mencionado proyecto por parte del Gobierno actual, con el visto bueno de Taiwán, se puede deducir que más de 400 familias indígenas se hubiesen visto afectadas.

Es por esto que el caso es realmente grave, porque se hizo formalmente un pedido, nota de por medio, por parte de la Cancillería paraguaya, lo cual agrava aún más la conducta de los responsables del Ejecutivo.

Este pedido, indudablemente, fue una manera de las autoridades taiwanesas de congraciarse con el Gobierno de Paraguay, y me consta que existe un lobby muy fuerte de parte de la isla e incluso de Washington, en cuanto a la posición nuestra respecto a Taiwán.

La noticia divulgada deja entrever cómo Taiwán, y Estados Unidos en particular, se inmiscuyen en la política interna de los países para influenciar posiciones geopolíticas,

 Especialmente teniendo en cuenta el apoyo y privilegio que Paraguay le brinda a Taiwán.

Es probable que esta sea apenas una pequeña muestra de un patrón más amplio de corrupción que involucra tanto a las autoridades paraguayas como a los intereses extranjeros que buscan anteponer sus propios intereses a las necesidades de la población.