San Diego, Estados Unidos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) rechazó este viernes la intención del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de regresar a México a solicitantes de asilo en espera de que se resuelvan sus casos, por lo que evaluarán medidas legales si se confirma esta política.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este jueves de que ya no dejará en libertad condicional en el país a ciertos solicitantes de asilo como se había hecho hasta ahora, sino que serán devueltos a México y se les permitirá reingresar a Estados Unidos para comparecer ante un juez de inmigración.

Si bien aún no hay un anuncio formal, un portavoz del grupo de defensa de los derechos civiles confirmó a Efe que analizarán una demanda judicial dado las preocupaciones sobre la legalidad del proceso, aunque primero vigilarán si se aplica la medida en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego (California).

Estaba previsto que esta nueva política comenzase a aplicarse hoy en San Ysidro, aunque por el momento no hay información de que haya sido devuelto a Tijuana (México) ningún solicitante de asilo político.

Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de ACLU en San Diego, refirió que esta medida va en contra de los "valores y compromiso de la nación de brindar refugio a las personas que huyen de la violencia y persecución".

"Esta nueva táctica exacerba las ya inaceptables circunstancias que la Administración de Trump ha creado para miles de inmigrantes al rechazar ilegalmente a solicitantes de asilo en nuestros puertos de entrada", consideró en un comunicado.

En las últimas semanas, Chávez-Peterson ha denunciado que el Gobierno estadounidense ha abandonado a su suerte en las calles de San Diego a un promedio de hasta "100 personas por día" una vez que son procesadas por autoridades migratorias.

"Ahora quieren impedirles quedarse en Estados Unidos para esperar por sus audiencias en corte", lamentó.

Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos de la Frontera de ACLU, coincidió en que esta práctica "ofende al debido proceso y pone en riesgo vidas".

"El negar a solicitantes de asilo este derecho afecta a las ciudades fronterizas mexicanas, pone en peligro la salud y seguridad de las poblaciones más vulnerables y ejemplifica el enfoque racista e inhumano de la administración de Trump en nuestra frontera", comentó la activista en un comunicado.

"La crisis en la frontera de México y Estados Unidos fue creada por el presidente Trump y ahora la está duplicando intencionalmente", consideró.

La Cancillería mexicana emitió hoy un posicionamiento en donde dice tener conocimiento de esta "medida unilateral", bajo la cual Estados Unidos presentará en el puerto de entrada a California "a un grupo de veinte extranjeros".

Las autoridades mexicanas precisaron que se trata de migrantes centroamericanos que "ingresaron a Estados Unidos a través de territorio mexicano y al parecer cuentan con una visa humanitaria expedida por el gobierno de México, que permite entradas y salidas múltiples del territorio nacional".